Ante las numerosas quejas recibidas en lo que va de año, la Defensoría del Pueblo solicitó a la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec) evaluar los plazos para la entrega de licencia para portar armas, así como responder a las solicitudes de los usuarios en el tiempo establecido, y no como viene ocurriendo, fuera del plazo señalado en las normas.
El Defensor del Pueblo (e), Eduardo Vega, explicó que es necesario que dicha entidad revise si resulta razonable lo señalado en su Texto Único de Procedimiento Administrativo (TUPA) que dispone que los pedidos de licencia de posesión y uso de armas de fuego para personas naturales presentados en Lima sean atendidos en el plazo de un día y, en el caso de provincia, en seis días.
A través de un oficio remitido al superintendente de la Sucamec, Derik Latorre Boza, se indica que dicha evaluación debe tener en cuenta la implementación de estándares de control que permitan una rigurosa revisión de la documentación presentada, debido a que se trata de licencias que tienen un impacto directo en la seguridad, vida e integridad de la ciudadanía.
«El procedimiento debe desarrollarse en un tiempo razonable, dentro del margen del plazo de 30 días previstos en la Ley del Procedimiento Administrativo General», subrayó el funcionario.
Asimismo, Vega expresó su preocupación por la excesiva demora para dar respuesta a los trámites iniciados por los ciudadanos que, en algunos casos, excede de los 30 días establecidos en la norma. Adicionalmente, señaló que en algunos casos las observaciones a los documentos presentados se realizan mucho tiempo después de haber sido dejados, cuando podrían hacerlo durante la entrega. De otro lado, informó que, a la fecha, se han recibido 24 quejas por retrasos en los procedimientos.
Finalmente, reiteró su recomendación para que la referida autoridad adopte, de manera inmediata, las medidas correctivas, a fin de que los procedimientos administrativos en Sucamec se gestionen con mayor celeridad y así evitar el incumplimiento injustificado de los plazos previstos para las actuaciones de las entidades públicas.
FUENTE: Defensoría del Pueblo de la República de Perú