La Defensoría del Pueblo rechazó los castigos físicos que las rondas urbanas de Cajamarca aplicaron a mujeres que se dedican al trabajo sexual en centros nocturnos. Estos castigos constituyen manifiestas vulneraciones a sus derechos fundamentales reconocidos en la Constitución y en tratados de derechos humanos ratificados por el Perú.
Al respecto, Agustín Moreno Díaz, jefe de la Oficina Defensorial de Cajamarca, indicó que las rondas urbanas no pueden castigar o sancionar a ninguna persona. Recordó que, la Corte Suprema en varias Ejecutorias y en un Acuerdo Plenario del 2009 ha señalado que las rondas urbanas no tienen capacidad de administrar justicia y que su naturaleza y competencias son distintas a las de las rondas campesinas. Asimismo, recalcó que todo castigo físico está prohibido para la Justicia Comunal.
Recordó que las mujeres pertenecen a un grupo prioritario de atención por parte del Estado y la sociedad, sobre todo si se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad; como es el caso de las trabajadoras sexuales que, en muchas ocasiones, son explotadas, maltratadas o incluso víctimas del delito de trata de personas.
El representante de la Defensoría del Pueblo señaló que la existencia de las rondas urbanas constituye una respuesta a la inseguridad ciudadana, por lo que su rol debe ser desarrollado en el marco de los Comités de Seguridad Ciudadana, apoyando a la autoridad policial. «Se trata de reorientar la labor de las rondas urbanas para apoyaren las tareas de seguridad», agregó el funcionario.
En atención a ello, recomendó a las autoridades competentes, como la Municipalidad Provincial de Cajamarca, el Ministerio Público y la Policía Nacional, a intervenir de forma oportuna y efectiva en los centros nocturnos clandestinos y en aquellos que operan sin las autorizaciones correspondientes. «En estos casos, las rondas urbanas podrían coadyuvar con la labor del municipio, del fiscal y la Policía Nacional. No los sustituyen en sus funciones, sino que deben colaborar con ellos», acotó Moreno Díaz.
El funcionario saludó el inicio de las investigaciones por parte del Ministerio Público y del Poder Judicial, en relación a los posibles delitos que hubieran cometido las personas involucradas, a fin de fijar los precedentes necesarios y evitar la futura comisión de este tipo de abusos.
Finalmente, la Defensoría del Pueblo reitera su preocupación ante todo acto que afecte la dignidad de la persona y exhorta al Estado y a la población en general a actuar en estricto respeto a los principios constitucionales y a los derechos fundamentales que corresponden a todas las personas, sin distinción.
FUENTE: Defensoría del Pueblo de la República de Perú