Ante los hechos ocurridos la semana pasada en las inmediaciones de la laguna El Perol, donde un grupo de campesinos y ronderos que protestaban contra el proyecto minero Conga, región Cajamarca, la Defensoría del Pueblo reitera que toda discrepancia sobre el futuro de un proyecto empresarial minero se debe tratar mediante los procedimientos legales y de los mecanismos de diálogo.
Según las investigaciones realizadas en relación a dichos acontecimientos, pobladores del lugar habrían participado en la destrucción de una antena de telefonía móvil, quemado una caseta de la empresa Yanacocha y privado de su libertad durante más de quince horas a un trabajador de la empresa Seguritas S.A.
«Los ciudadanos y ciudadanas tienen el derecho a manifestarse públicamente cuando consideren que sus derechos pueden verse afectados o amenazados. Sin embargo, el ejercicio de este derecho es incompatible con todo acto de violencia, especialmente con aquellos que ponen en riesgo la integridad y libertad de las personas, la tranquilidad social y la propiedad», dijo hoy el Defensor del Pueblo (e), Eduardo Vega.
Más adelante, el funcionario expresó su confianza en que el Ministerio Público esclarezca en plazos razonables la forma en que ocurrieron los hechos e individualizar a sus autores. La impunidad, en este caso como en otros, debilita a la autoridad pública, refuerza la idea errónea de que se puede recurrir a la violencia y deja sin sanción a los autores de los delitos, acotó.
En atención a que algunas organizaciones sociales de Cajamarca han anunciado la continuación de las movilizaciones en los próximos días, Vega exhortó a dirigentes y ciudadanos a poner de lado el uso de medios violentos y a respetar los derechos de los demás.
Finalmente, en relación a las fuerzas del orden, el funcionario recordó que «toda intervención para restablecer el orden público, en caso que fuere necesaria, deberá hacerse en el marco estricto del respeto a los derechos fundamentales».
FUENTE: Defensoría del Pueblo de Perú