Con la finalidad de garantizar a los usuarios el derecho de usar el servicio de transporte ferroviario, la Adjunta para el Medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos Indígenas, Alicia Abanto Cabanillas, recomendó implementar mecanismos alternativos de seguridad, distintos a la individualización de las tarjetas para el uso del transporte ferroviario.
A través de un oficio cursado a la concesionaria GyM Ferrovías S.A. -entidad que tiene a cargo la concesión para la prestación del servicio de transporte a través de la Línea 1 del Metro de Lima- se busca evitar la imposición de barreras para acceder a este servicio de transporte. «Exigir que cada usuario cuente con una tarjeta para subir al tren eléctrico constituye un desincentivo económico, especialmente para aquellos que residen en otras regiones, turistas extranjeros o familias numerosas que eventualmente se desplazan en la capital», sostuvo la funcionaria.
Abanto señaló que la medida no contribuye a los esfuerzos de integración tarifaria que permita a los ciudadanos acceder a los distintos medios de transporte a través de una sola forma de pago. «En la actualidad, el Metropolitano ya cuenta con unidades alimentadoras que llegan a la estación de Gamarra del Tren Eléctrico, por lo que está pendiente que los usuario podamos contar con un medio de pago accesible a todos y que permita el uso de varios medios de transporte integrados», indicó.
«Cabe señalar que los registros personalizados de usuarios generalmente han estado destinados a otorgar beneficios excepcionales en la aplicación de tarifas, tales como el cobro de medio pasaje, pases libres para miembros de la Policía Nacional y el cuerpo de Bomberos», manifestó la representante de la Defensoría del Pueblo.
Abanto Cabanillas también señaló que se ha emitido una recomendación al Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (OSITRAN), a fin que supervise la idoneidad de la medida implementada por GyM Ferrovías S.A. y si esta cumple con garantizar el derecho de los usuarios al libre uso de la infraestructura del Tren Eléctrico, destinado a la prestación del servicio público de transporte.
Como se recuerda, esta medida comenzó a implementarse en noviembre del 2013 pero ha generado malestar y confusión entre los usuarios, por lo que la empresa decidió otorgar un plazo -hasta el 1º de marzo- para que estos puedan actualizar sus tarjetas o adquirir una nueva en caso de tratarse de un nuevo usuario.
FUENTE: Defensoría del Pueblo de la República de Perú