Un llamado de atención a las autoridades y al gremio médico realizó el Defensor del Pueblo (e), Eduardo Vega, demandando garantizar la atención de todas las personas afectadas en su salud. Asimismo, les invocó a encontrar una pronta solución a la paralización y reiniciar la atención en los establecimientos donde se acata esta medida.
Precisó que al afectarse un servicio esencial y vital como el de salud, se afecta a la población más vulnerable –niñas, niños, mujeres gestantes y adultos mayores- y de escasos recursos económicos que no cuentan con otras alternativas para cubrir los costos de los servicios médicos que requieren.
Por su parte, Eugenia Fernán-Zegarra, Adjunta para la Administración Estatal, señaló que una prolongada paralización agrava los problemas que enfrentan los usuarios y usuarias en los servicios especializados del Ministerio de Salud (Minsa) y EsSalud, referidas a la dilación para obtener citas médicas y para concretar cirugías. En ese último aspecto, la huelga pone en riesgo la vigencia de los exámenes pre-quirúrgicos realizados por los pacientes.
De otro lado, la Defensoría del Pueblo hizo un llamado para evitar todo tipo de medidas extremas como la entrega de hospitales o de servicios pues esta es una figura que no se encuentra dentro del marco legal. Por el contrario, podría configurar el abandono de cargo con las responsabilidades administrativas y de índole civil y/o penal a que hubiere lugar.
En el mismo sentido, exhortó a las autoridades policiales a adoptar medidas proporcionales para controlar el orden público que eviten acciones de agresión al personal médico como reportaron los medios de comunicación. La Defensoría del Pueblo señala enfáticamente que la entrega de servicios, así como las agresiones a los médicos no favorecen un diálogo alturado entre las partes para arribar a resultados lo más pronto posible.
Fernán Zegarra consideró que se debe hacer un esfuerzo extraordinario para utilizar todos los medios necesarios que permitan poner fin a la paralización; las personas enfermas y sus familiares así lo demandan.
FUENTE: Defensoría del Pueblo de la República de Perú