Señaló, además, que la violencia contra las mujeres configura un acto de vulneración de derechos humanos y que la diligente actuación de magistrados y magistradas es fundamental para detener este grave flagelo que afecta a la sociedad peruana.
La funcionaria manifestó que este caso se encontraba, desde septiembre del 2006, a cargo del Segundo Juzgado Mixto de San Juan de Miraflores. Pese a los reiterados pedidos de la denunciante y de las recomendaciones de la Defensoría del Pueblo, esta instancia no dictó en su momento las medidas de protección solicitadas por la agraviada.
Fernán–Zegarra recordó que, 10 meses después de solicitarse las medidas de protección, se procedió al retiro del agresor de su hogar, orden que fue ejecutada en abril del 2008, es decir, un año y siete meses después de iniciado el proceso. Desde entonces, Elena Bolívar continúo siendo víctima de la violencia de su cónyuge.
“La Defensoría del Pueblo, en el marco de sus atribuciones constitucionales de defensa de los derechos fundamentales, continuará velando por la protección de las mujeres frente a la violencia familiar”, subrayó la funcionaria.
Fuente: Tomado de la Defensoría del Pueblo del Perú.