La Defensoría del Pueblo presentó hoy los resultados del Segundo Informe Anual del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT), el documento da cuenta, entre otros aspectos, de las condiciones de vida de los adolescentes infractores que se encuentran en los Centros Juveniles de Lima. Se comprobó que los internos han sufrido algún tipo de agresión, que no podían ser puestas en conocimiento de las autoridades respectivas por carecer de un mecanismo formal para presentar quejas.
Las personas privadas de libertad encuestadas en los Centros de Diagnóstico y Rehabilitación Santa Margarita, Santa Margarita-Anexo , Rehabilitación de Lima – Ancón II, Anexo – Ancón II y Establecimiento Penitenciario Transitorio de Lima (carceleta), refirieron haber sido víctimas de agresiones físicas, psicológicas y morales. Indicaron que las condiciones de las revisiones íntimas no eran las apropiadas y que los ambientes de aislamiento son oscuros, estrechos, sin ventilación, falta de actividades formativas y recreativas, falta de higiene, entre otros.
El Director de Dirección del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura de la Defensoría del Pueblo, Porfirio Barrenechea, indicó que otro problema no menos importante es la sobrepoblación y hacinamiento, servicios de salud adecuados. Ninguno de los tópicos cuenta con las historias médicas de los privados de libertad, que padecen de enfermedad psiquiátrica, por lo que no cuentan con un registro, seguimiento y tratamiento adecuado para los mismos.
En ese contexto se ha solicitado al Poder Judicial, disponer que los Centros Juveniles supervisados, implementen un registro de la población vulnerable, como población Lesbiana, Gay, Bisexual, Trans e Intersex (LGBTI), población indígena y Personas Con Discapacidad (PCD) , diferenciando el tipo de discapacidad que presenten, con el fin de visibilizar a estos colectivos y brindarles el tratamiento requerido.
A la Gerencia General de Centros Juveniles, la contratación de personal médico suficiente en salud mental, para el combate de la drogodependencia y otras afectaciones psíquicas advertidas en la supervisión a los Centros Juveniles de la ciudad de Lima. Así como determinar un mecanismo formal para la recepción de quejas, verbales y no verbales, de los infractores, sus familiares y demás interesados, que se encuentre al alcance de los mismos, desde el inicio de su investigación hasta su conclusión, incluso en los días de visita.
El representante de la Defensoría del Pueblo considera necesario que los fiscales realicen visitas inopinadas a lugares de privación de libertad que se encuentren dentro de su jurisdicción, conforme a lo establecido en el artículo 95º de la Ley Orgánica del Ministerio Público, como medida para prevenir la tortura y malos tratos a personas privadas de libertad.
Dijo que el Instituto Nacional Penitenciario (INPE), debe implementar medidas orientadas a garantizar el derecho de las personas privadas de libertad a no ser objeto de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes en los Establecimientos Penitenciarios, conforme a lo señalado en el Oficio N° 113-2017-DP/ADHPD de 14 de diciembre de 2017.
Barrenechea indicó que el Ministerio de Salud debe evaluar los actuales servicios de salud en el Establecimiento Penitenciario Transitorio de Lima y proponer reformas, a fin de garantizar unas instalaciones y prestaciones de calidad equivalentes a las de la sociedad en general. También, realizar campañas de despistaje y tratamiento de la tuberculosis y virus de inmunodeficiencia humana (VIH), en los establecimientos penitenciarios y Centros Juveniles, con médicos especialistas así como políticas en salud mental dirigidas a las personas privadas de libertad, a fin de promover su bienestar y resocialización.
Nota de Prensa N° 359/OCII/DP/2018