El Primer Adjunto de la Defensoría del Pueblo, Eduardo Vega, dirigió hoy una carta a la Ministra de Justicia, Rosario Fernández, en donde reiteró la necesidad de garantizar la seguridad penitenciaria y la gestión transparente en los penales del país, así como realizar un mejor trabajo de coordinación interinstitucional entre la administración penitenciaria y la Policía Nacional del Perú (PNP).
Vega Luna expresó la preocupación de su institución respecto a la muerte de la ciudadana Leslie Paredes Silva y del interno Noé Jesús Sandoval Rosario, como resultado de las continuas fallas de seguridad que se han convertido en una característica del penal más grande del país debido, entre otras razones, al escaso personal policial designado para su control.
“Esta grave situación se repite en un número importante de penales del país, en especial de la capital, tales como los Establecimientos Penitenciarios “Miguel Castro Castro” (Lima), “Sarita Colonia” (Callao), “Piedras Gordas” (Ancón), “Cañete” (Cañete), “Huaral” (Huaral) y “El Milagro” (Trujillo)”, señaló Vega Luna en su carta.
Asimismo señaló que diversos informes defensoriales y documentos de trabajo han registrado la crítica situación de un número importante de establecimientos penitenciarios en el país, en especial de la capital, en los que se advierte un grave hacinamiento, deficiencias en la infraestructura, frágiles mecanismos de seguridad, insuficientes programas de reinserción social, falta de capacitación e inadecuadas condiciones laborales del personal penitenciario.
“La pérdida de control en un penal implica que la institucionalidad penitenciaria renuncie a ejercer su autoridad, situación que hace posible formas espontáneas de organización basadas en criterios de fuerza y de capacidad económica, con reglas impuestas por los propios internos. La disciplina y la seguridad pasan, entonces, a control de éstos, lo que facilita actividades ilegales como el tráfico de drogas, crímenes al interior de las cárceles, la venta de licor o armas y abuso de poder”, expresa en su misiva Vega Luna.
El Primer Adjunto a la Defensora del Pueblo informó que, en los últimos 20 años, el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) ha sido declarado en reorganización en cinco oportunidades, y la emergencia ha sido decretada en mayor medida con el propósito de revertir las continuas crisis que acusa el sistema penitenciario. “Sin embargo, los avances en cada una de ellas no han sido importantes y trascendentales. Más aún, los permanentes cambios de los miembros del Consejo Nacional Penitenciario no han permitido trabajar líneas sostenibles para solucionar este grave problema social y de inseguridad ciudadana del país”, sostuvo.
Por otro lado resaltó que el 14 de enero del presente año se cursó un documento al Ministerio de Justicia, donde se exponían los resultados del monitoreo de las cárceles, recomendando al Sector Justicia que emprendiese resultados concretos y sostenibles en el tiempo. En esa medida se propuso abordar cinco aspectos esenciales: i) fortalecer la seguridad penitenciaria y los mecanismos de transferencia y lucha contra la corrupción como condiciones básicas para recuperar el principio de autoridad y someter las cárceles al imperio de la Ley; ii) garantizar una política de respeto de los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad como fundamento ético de la gestión penitenciaria; iii) fortalecer la política de clasificación penitenciaria; iv) mejorar los programas de reinserción social: trabajo y educación; y v) mejorar las condiciones de trabajo y especialización del personal penitenciario.
En el caso concreto del Establecimiento Penitenciario de Lurigancho, la Defensoría del Pueblo recomendó que se disponga una evaluación del estado actual del sistema de acceso y salida de los visitantes en general y, a partir de ello, que se implemente un sistema de registro computarizado de huellas dactilares con vistas a un mejor control del ingreso y la salida de los visitantes.
Debido a que aún existe un alto nivel de hacinamiento en el establecimiento penitenciario es indispensable solicitar un incremento razonable de personal de la Policía Nacional del Perú (PNP) con relación al control y seguridad del penal. Dicha recomendación se debe entender a partir de la premisa de que el componente de seguridad penitenciaria constituye un pilar fundamental en el combate que se libra contra la criminalidad.
La administración penitenciaria, en coordinación con las autoridades respectivas del Ministerio del Interior, debe disponer la realización de un censo general de toda la población recluida en el Establecimiento Penitenciario de Lurigancho, a fin de contar con una información confiable de diferentes variables (individualización, situación jurídica, salud, educación, entre otras) para una mejor gestión del penal, señala el documento.
FUENTE: Defensor del Pueblo del Perú.