La jefa del Programa de Protección y Promoción de Derechos en Dependencias Policiales de la Defensoría del Pueblo, Imelda Tumialán Pinto, señaló que, a la fecha, se registran 28 casos de detenciones arbitrarias. Por ello, recomendó al Poder Judicial resolver con celeridad estos casos, a fin de evitar que se vulnere el derecho a la libertad de personas inocentes.
Uno de ellos, es el del señor William Augusto Chávez Huamán, pescador del balneario de Pucusana, quien permanece detenido por el presunto delito de trata de personas. La funcionaria informó que, el día de ayer, el 40º Juzgado Penal de Lima rechazó el hábeas corpus presentado por el hermano del afectado, por lo que Chávez Huamán deberá ser trasladado a un penal de Iquitos, de donde proviene la orden de captura.
Este caso fue puesto en conocimiento de la Oficina Defensorial de Loreto. Comisionados de dicha Oficina revisaron el expediente, observando que el presunto imputado es Willian Chávez Huamán, cuyos rasgos físicos serían distintos a los de la persona detenida, según la declaración de su coinculpado Darwin Saldaña.
Además, el referido pescador ha demostrado -como obra en el expediente- que el día en que ocurrieron los hechos – el 28 de agosto de 2011-, estuvo trabajando como patrón de la Embarcación Yolita II, con matrícula PS-29875-BM, de propiedad de la señora Margarita Inés Jara Parco, en Pucusana.
Tumialán agregó que, en el referido expediente, también se advierte que desde la investigación policial -elaborada sólo en base a los datos del Registro Nacional de Identidad y Estado Civil (RENIEC)- se ha comprendido como imputado al señor William Augusto Chávez Huamán, quien señala que no conoce Iquitos y que nunca fue notificado a su domicilio por autoridad policial o judicial alguna.
Un segundo caso es el de Lucio Quispe Mamani, un anciano de 75 años de edad, quien se encuentra detenido -desde el pasado 26 de septiembre- por el presunto delito de tráfico ilícito de drogas. La funcionaria precisó que, el Módulo de Atención Defensorial de Juliaca (Puno), zona en donde se viene desarrollando el proceso, advirtió de la revisión del expediente judicial que a nivel policial se indica el nombre del afectado como el que entregó los insumos; no se han contemplado los datos mínimos de identificación de las personas, tales como las características físicas.
Al respecto, a nivel judicial, algunos de los condenados por este caso han precisado que el proveedor de los insumos fue Aurelio Ccori Ramos, quien además sería el encargado y dueño de la poza de maceración. La funcionaria acotó que Lucio Quispe Machaca ha demostrado que, cuando ocurrieron los hechos, se encontraba trabajando en la Municipalidad Distrital de Bellavista como guardián.
«En este caso se vienen vulnerando varios derechos fundamentales del detenido, tales como la libertad personal, identidad y el debido proceso, al no haberle notificado sobre los cargos formulados para el ejercicio de su defensa», subrayó. La representante de la Defensoría del Pueblo recomendó a los jueces constitucionales y a fortalecer los mecanismos de protección del derecho fundamental a la libertad personal.
Asimismo, exhortó a los jueces penales a ejercer la dirección de los procesos de su competencia, cautelando especialmente el respeto al debido proceso de personas inocentes, cuando son involucrados por una deficiente identificación e individualización de la persona imputada.
FUENTE: Defensoría del Pueblo de Perú