La transferencia acelerada de los programas sociales afectaría la prestación de los servicios. En el marco de la presentación del Informe de Adjuntía N° 17, “Estado actual del proceso de transferencia de competencias a los gobiernos regionales: tareas pendientes”, el Defensor del Pueblo, Eduardo Vega, sostuvo ayer que “persisten debilidades en el proceso de transferencia de competencias a los gobiernos regionales”.
“Una de esas debilidades es la carencia del marco normativo completo que regule la delimitación de competencias y distribución de funciones entre los tres niveles de gobierno. El informe da cuenta de que solo siete ministerios han modificado sus leyes de organización y funciones y que solo dos ministerios tienen sus respectivas matrices de delimitación de competencias y distribución de funciones”, anotó Vega.
Asimismo, el referido Informe verifica que continúa –de modo acelerado la transferencia de responsabilidades a los gobiernos regionales y locales. Esta situación genera mayor preocupación en el caso de la transferencia de los programas sociales a las municipalidades provinciales, pues se podría poner en riesgo la prestación efectiva de los servicios a la población beneficiaria de programas sociales, tales como el Programa Integral de Nutrición (PIN) y los Servicios de Protección Social como los wawa wasi, los Centros de Emergencia Mujer (CEM) y los Centros de desarrollo integral para la familia (Cedif).
“Estamos recomendando al Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social (Mimdes), al nuevo Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y a la Secretaría de Descentralización de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), evaluar la pertinencia de continuar desarrollando la transferencia de los programas sociales a las municipalidades provinciales y priorizar la construcción de la gestión descentralizada de los mismo”, señaló el funcionario.
Por su parte, la Jefa del Programa de Descentralización y Buen Gobierno de la Defensoría del Pueblo, Mónica Callirgos, explicó que, mediante este Informe, la Defensoría del Pueblo ha exhortado a los tres niveles de gobierno a sumar esfuerzos para impulsar el trabajo que se está realizando en las Comisiones Intergubernamentales Sectoriales para el desarrollo de la gestión descentralizada.
“Ello permitirá identificar los servicios compartidos, los roles de cada nivel de gobierno y los recursos necesarios, lo que contribuirá a superar las debilidades del proceso de transferencia de responsabilidades, promover el desarrollo y mejorar la calidad de vida de las personas”, concluyó.
DATOS DEL INFORME
El Informe señala que, si bien el presupuesto asignado a los gobiernos regionales entre los años 2004 y 2010 se ha incrementado en un promedio anual de 12%, aproximadamente, el mayor incremento se registra en el presupuesto para inversión pública, mas no así para el gasto vinculado a la prestación de los servicios de educación y salud.
En el caso de la transferencia del PIN y de los Servicios de Protección Social (Wawa Wasis, CEM y Cedif) a 56 municipalidades provinciales, la aceleración del proceso no habría permitido realizar una adecuada identificación de los recursos necesarios para la prestación de los servicios a la población.
Además, el Informe contiene recomendaciones dirigidas a la Secretaría de Descentralización de la PCM, a fin de articular el trabajo que está realizando para el desarrollo de capacidades de los gobiernos regionales y locales, con el trabajo que está efectuando la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir).
FUENTE: Defensoría del Pueblo de Perú