La Defensoría del Pueblo exigió a la Inspectoría General de la Policía Nacional realizar una exhaustiva investigación en la comisaría Juan Ingunza Valdivia para determinar a quienes resulten responsables de la presunta demora en el traslado a un centro de salud de E. O. M., detenida tras ser víctima de agresión por parte de su pareja y quien falleció días después, producto de las lesiones.
De igual forma, solicitó a la Oficina Desconcentrada de Control Interno del Ministerio Público evaluar la actuación del fiscal a cargo del caso y disponer las acciones correctivas que correspondan, si se descubre algún tipo de negligencia pues el funcionario dejó en libertad al agresor, pese al estado de la agredida.
Eliana Revollar, Adjunta para los Derechos de la Mujer de la Defensoría del Pueblo, señaló que es importante determinar si existe responsabilidad por algún tipo de negligencia, tanto en el ámbito policial como en el fiscal, y de ser el caso tomar inmediatamente las acciones sancionadoras y correctivas necesarias para que hechos similares no vuelvan a ocurrir. “Estaremos atentos a este caso para que se realice una investigación diligente y se esclarezcan los hechos”, anotó.
De acuerdo con la Policía Nacional, el 2 de junio la hija adolescente (14) de la mujer agredida llegó a la comisaría en busca de ayuda pues su padrastro estaba golpeando a su madre. El personal policial informó a la Defensoría del Pueblo que acudió al lugar y trasladó a ambas partes a la dependencia para luego ponerlos a disposición de la Fiscalía.
La madre de la víctima informó que en la comisaría su hija habría sido retenida por más de 12 horas, pese a sus lesiones. Tras verla vomitar, el 3 de junio, recién fue llevada al Hospital Arzobispo Loayza, donde falleció días después.
En la Décimo Segunda Fiscalía Provincial Transitoria Especializada en Violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar del Callao, el fiscal Julio García Romero informó que tras el registro de la carpeta fiscal por agresiones mutuas (N° 2592-2019) y teniendo en cuenta el certificado médico legal aplicado a ambas partes, dispuso la libertad tanto de agredida como de agresor pues no habría hallado elementos para solicitar la prisión preventiva.
Nota de Prensa N° 176/OCII/DP/2019