Tras comprobar diversas irregularidades en los procesos de contratación CAS Nº01 y Nº 02-2015-MPCH de la Municipalidad Provincial de Chanchamayo, la Defensoría del Pueblo puso los hechos en conocimiento de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, a fin de que procedan de acuerdo a sus facultades.
Luego de haber recibido la queja por parte de dos ciudadanas respecto a presuntas irregularidades durante los procesos de contratación señalados, comisionados del Módulo de Atención de La Merced solicitaron la documentación respectiva para realizar las investigaciones. La misma fue entregada por el alcalde provincial recién el 30 de abril, pese a que había sido pedida desde el mes de marzo.
De las pesquisas, se verificaron problemas como el incumplimiento del perfil del puesto, ausencia de acreditación de la formación académica, carencia de experiencia laboral, así como la omisión de la presentación de los anexos obligatorios según las bases del concurso; incluso, se constató la selección de personal en plazas distintas a las que postularon.
“En algunos casos, se encontraron expedientes que presentaban dos de estas irregularidades a la vez. Pese a ello, los postulantes declarados ganadores por la Comisión de Evaluación de los procesos de contratación continúan laborando en el municipio”, señaló Gustavo Mendoza Pérez, representante de la Defensoría del Pueblo en La Merced.
Por ello, el funcionario indicó que la Defensoría del Pueblo –mediante oficio Nº0094- 2015-DP-/OD-JUNÍN/M-LM– dio cuenta de los hechos a la fiscalía respectiva, toda vez que los funcionarios implicados –los miembros de la comisión señalada, el alcalde provincial, algunos gerentes municipales y los postulantes involucrados en el tema– estarían incurriendo en el delito de nombramiento ilegal para el cargo público (tipificado en el artículo 381 del Código Penal).
Mendoza Pérez mostró su preocupación porque, pese a las incidencias advertidas, los funcionarios que conformaron la Comisión de Evaluación vienen laborando, a pesar de que habrían transgredido el Código de Ética de la Función pública.
Además, indicó que lo más grave es que ninguna autoridad (alcalde, gerentes y regidores) se haya pronunciado sobre el tema, aún teniendo conocimiento de los hechos. Por ello, recalcó la necesidad de una pronta solución al problema, una investigación exhaustiva y, de ser el caso, la sanción a los responsables
FUENTE: La Defensoría del Pueblo de la República de Perú