Un total de 18 menores de edad, presuntas víctimas del delito de trata de personas, en su modalidad de explotación sexual infantil, fueron rescatadas en un operativo conjunto realizado en el distrito de Mazamari (Junín) por la Defensoría del Pueblo, el Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú (PNP).
La coordinadora del Módulo de Atención Defensorial de Satipo, Gremy Azócar, manifestó que la referida intervención se realizó en 13 establecimientos comerciales como: bares y video pubs en los que se expendían bebidas alcohólicas. Precisó que los locales intervenidos fueron: «Cantuta», «Caricias», «Huairuro», «Delicias», «Sirenas del Caribe», así como los ubicados en el sector denominado «El Canchón».
Señaló que las edades de las adolescentes rescatadas están entre los 14 y 17 años. Dos de ellas se encuentran en estado de gestación, mientras que otras fueron encontradas junto a sus padres, quienes además de ser dueños de algunos de los locales intervenidos se encontraban en estado de ebriedad.
Ante dicha situación, Azocar informó que el Ministerio Público ha dispuesto que se investigue a los progenitores para determinar su responsabilidad. Además, se detuvo a los propietarios de los locales intervenidos y se abrió proceso por el delito de trata de personas a los dueños de los establecimientos «Sirenitas» y «Huairuro».
En el tema de las adolescentes embarazadas, el fiscal a cargo del caso ha dispuesto que sean entregadas a sus familiares. Además, las menores se han comprometido en acudir ante el órgano jurisdiccional cada vez que este lo considere. Cabe precisar que en el referido operativo participaron el Fiscal de Turno, personal de la División de Medicina Legal, efectivos de la Comisaría de Mazamari, así como representantes de la comuna distrital.
Finalmente, la funcionaria recordó que la Defensoría del Pueblo ha formulado diversas recomendaciones poniendo énfasis en la necesidad de garantizar la protección integral de las menores de edad rescatadas, así como la debida fiscalización sobre el otorgamiento de las licencias de funcionamiento a locales como los intervenidos.
FUENTE: Defensoría del Pueblo de la República de Perú