Como sucede mes a mes, la Adjuntía de Prevención de Conflictos y Gobernabilidad de la Defensoría del Pueblo dio a conocer hoy el Reporte de Conflictos Sociales correspondiente al mes de agosto, el mismo que da cuenta de la existencia de 169 conflictos (69%) y de 77 en estado latente (31%), con lo que se compone un total de 246 conflictos.
Según el Reporte Nº 78, del total de conflictos registrados este mes, 125 casos (el 51%) son socioambientales. A éstos se suman 35 casos correspondientes a asuntos de Gobierno Local (14%), y 22 casos por asuntos de gobierno nacional (9%), entre otros. Asimismo se registraron 23 acciones colectivas de protesta en todo el ámbito nacional y cinco acciones de violencia subversiva.
Durante el mes de agosto se resolvieron dos conflictos: uno de carácter laboral y otro referido a asuntos de gobierno local. El primero, en Cajamarca, se solucionó tras los acuerdos a los que llegaron la empresa minera y diversas empresas comunales de maquinaria pesada de la zona. El segundo, en Áncash, fue resuelto luego de que la población se mostró de acuerdo con el pronunciamiento del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) que declaró improcedente la vacancia de un alcalde distrital.
En lo referente a los seis nuevos casos, dos son conflictos socioambientales ubicados en Cajamarca y Piura, uno laboral en Áncash, otro por asuntos de gobierno local en Ayacucho, uno por asuntos de gobierno nacional en Tumbes y uno comunal registrado en Apurímac.
De igual modo – en el Reporte Nº 78 – se brindan detalles de tres conflictos sociales que han pasado del estado activo al latente (dos socioambientales y uno por demarcación territorial). También se retiraron del registro principal seis casos latentes, al no producirse hechos que demostrasen que los actores involucrados mantuviesen activas sus diferencias.
Cabe destacar que, durante el mes de agosto, 95 casos continuaron siendo tratados mediante procesos de diálogo (el 56% del número de casos activos). Además, el caso socioambiental en Anchihuay (Ayacucho) entre la comunidad del mismo nombre y una empresa; y el caso socioambiental en el distrito de La Encañada (Cajamarca) entre la comunidad y una empresa han llegado a importantes acuerdos mediante el diálogo.
El documento defensorial registra un total de 185 actuaciones defensoriales, de las cuales 153 corresponden a acciones de supervisión preventiva y 24 las acciones de de intermediación. Asimismo se realizaron ocho acciones de defensa legal.
Entre las actuaciones efectuadas por la Defensoría del Pueblo destaca la intervención en el caso por asuntos de Gobierno Regional ubicado en la cuenca baja del río Tigre (Loreto), y en un caso por asuntos de Gobierno Nacional ubicado en la provincia de Tumbes, buscando promover mecanismos de diálogo entre las partes.
Por otro lado, la Defensoría del Pueblo exhorta a los actores sociales, autoridades y entidades competentes a encontrar prontas soluciones en el conflicto suscitado en la provincia de Espinar (Cusco) con relación al otorgamiento de la Buena Pro del proyecto Majes Siguas II, ante el anuncio de una paralización convocada para el 13 de septiembre. La Defensoría del Pueblo trata de evitar posibles desenlaces que afecten a los derechos fundamentales de la población.
Para encontrar información detallada de acuerdo con cada tipo de conflicto, la Adjuntía para la Prevención de Conflictos Sociales y la Gobernabilidad invita a todas las personas interesadas a visitar la página del Reporte de Conflictos Sociales (www.defensoria.gob.pe/conflictos-sociales).
FUENTE: Defensoría del Pueblo del Perú.