El Defensor del Pueblo (e), Eduardo Vega Luna, invocó al Poder Ejecutivo a presentar al Congreso de la República el proyecto de ley de búsqueda de personas desaparecidas para atender el drama de miles de familias en nuestro país. Esta exhortación fue realizada durante la conferencia de prensa llevada a cabo en presencia de autoridades y familiares de las víctimas de la matanza de Putis, con ocasión de las actividades que se realizarán por los 30 años de estos lamentables hechos.
«El pasado mes de mayo se concluyó la propuesta legislativa, en una mesa promovida por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos que contó con la participación de los distintos sectores y organizaciones involucradas. Se trata de un proyecto que, de convertirse en ley, permitirá contar con una política pública que atienda de manera integral y multidisciplinaria esta problemática», informó Vega.
A propósito de la reciente entrega de 83 restos en Ayacucho, recordó que si bien se ha avanzado en esta compleja tarea, aún está pendiente atender un mayor número de familias, debido a que la intervención del Ministerio Público tiene limitaciones por estar enmarcada en un proceso penal.
«Se hace indispensable, de cara al trascurso del tiempo, dar una respuesta adecuada al drama de estas familias que hasta hoy desconocen el paradero de sus seres queridos. Se trata de una política específica de búsqueda, identificación y restitución de restos humanos, que no tenga como único objetivo un proceso penal sino que atienda fines esencialmente humanitarios, así como las necesidades emocionales, materiales, logísticas y de información de los familiares», aseveró el funcionario.
Cabe recordar que no existe una cifra exacta de personas desaparecidas durante esa época. El Consejo de Reparaciones acreditó, hasta agosto de 2014, a 8,221 víctimas de desaparición forzada, mientras que el Instituto de Medicina Legal señala que existe un aproximado de 15 mil desaparecidos.
En los últimos doce años, se han exhumado restos óseos de aproximadamente 2,500 personas y, se han entregado unos 1,500 cuerpos, lo que demuestra que tendrían que pasar muchas décadas para dar una respuesta a todas las familias. Por ello, urge esta política integral, articulada, multidisciplinaria y coordinada con diversos sectores.
Finalmente, el Defensor del Pueblo se sumó a las demandas de justicia de los deudos de las víctimas de Putis, a fin de que se agilice el proceso penal en curso contra los presuntos autores de esta masacre.
FUENTE: Defensoría del Pueblo de la República de Perú