Eduardo Vega señaló que la Defensoría del Pueblo ha recibido 112 casos entre 2007 y 2011, y en lo que va del presente año se han registrado más de 30.
El Defensor del Pueblo (e), Eduardo Vega, reveló hoy que entre los años 2007 y 2011 la institución que dirige recibió 112 casos de detenciones arbitrarias y en lo que va del año viene superan los 30. Precisó que en todos ellos se advirtió que el mandato de captura se elaboró tomando únicamente la información del Registro Nacional de Identidad y Estado Civil (RENIEC), sin considerar otros datos que corroboren que dicha persona es la buscada por los encargados de administrar justicia.
«Por ejemplo, en el caso de no contar con datos suficientes de un ciudadano presuntamente involucrado en un delito, la Policía recurre únicamente a la información de RENIEC para completarlos y elaborar la orden de captura. Es ahí donde comienza la vía crucis para muchas personas inocentes, que terminan siendo incorporadas en procesos judiciales en los que no tienen ninguna participación», explicó el representante de la Defensoría del Pueblo.
En ese sentido, formuló recomendaciones a la Policía Nacional, Ministerio Público y Poder Judicial para que garanticen la adecuada identificación e individualización de los presuntos responsables de un delito, evitando así la afectación del derecho a la libertad de personas inocentes.
«Las consecuencias que conlleva una detención sin sustento legal, priva a una persona de muchos derechos. Por ello, la reparación del daño no puede quedarse sólo en la restitución de la libertad, que siendo lo más importante, no le devuelve todo lo que perdió. Ellos merecen reivindicar su honor», explicó Vega durante el Forum «No más detenciones arbitrarias».
Finalmente, exhortó al Congreso de la República a modificar la actual norma de indemnización por errores judiciales y detenciones arbitrarias, para que se puedan incorporar estos casos. Además, señaló que el Fondo Nacional Indemnizatorio, no está operativo, siendo necesario que sea adscrito a un sector, a fin de que se le otorgue presupuesto.
«Reitero la recomendación de impulsar medidas complementarias para que los ciudadanos indebidamente acusados, puedan tener la seguridad de ser indemnizados y excluidos inmediatamente del proceso en el cual fueron involucrados; de que se les anulen sus antecedentes policiales, judiciales y penales; y de cualquier otra acción que les permita reparar el daño ocasionado a su honor», enfatizó Vega.
FUENTE: Defensoría del Pueblo de Perú