El Defensor del Pueblo (e), Eduardo Vega Luna, resaltó la necesidad de dar prioridad a la implementación de la Ley de Consulta de Previa, especialmente en lo concerniente a las medidas administrativas referidas a minería con la finalidad de garantizar que su desarrollo sea respetuoso de los derechos de los pueblos indígenas.
Tras inaugurar –en la víspera- el Foro Internacional Consulta Previa, Cambio Climático e Inversiones en América Latina: Intercambiando Experiencias y Propuestas, informó que la Defensoría del Pueblo viene participando y supervisando los diversos procesos de consulta previa que se vienen desarrollando en las diferentes regiones de nuestro país, hecho que permite advertir de las tareas pendientes.
«Los estados latinoamericanos tienen una deuda histórica con los pueblos indígenas. El reconocimiento de las tierras y territorios indígenas, así como sus derechos sobre los recursos naturales, son parte importante de dicha agenda», acotó el funcionario quien recordó que el Perú ha sido el primero en desarrollar un marco normativo –legal y reglamentario– sobre la materia.
Anotó que, «los derechos solo se encarnan en los pueblos cuando son ejercidos a plenitud. El Estado, los pueblos indígenas y las empresas tienen el deber de garantizar que eso ocurra, que cada pueblo indígena los Andes y en la Amazonía sienta que va a ser oído y que se tomarán decisiones valorando e incorporando sus opiniones y puntos de vista».
En otro momento, el funcionario manifestó que estos días son particularmente tristes para el Perú, por la pérdida irreparable de cuatro de sus ciudadanos, pertenecientes al Pueblo Indígena Ashaninkga. Edwin Chota y sus compañeros estuvieron bregando por largos años por el reconocimiento de sus tierras, la protección del bosque, y reclamando la presencia del Estado, a pesar de la desidia con la que se encontraban.
A continuación recordó que, los pueblos indígenas han dado muestras permanentes de apuesta y compromiso con la prosperidad del país. Ellos enfatizan que el crecimiento económico no se contrapone con sus legítimas.
FUENTE: Defensoría del Pueblo de la República de Perú