Desde la ciudad de Ayacucho, y con ocasión de la inauguración del Seminario Internacional «Latinoamérica y sus esfuerzos en la búsqueda de los desaparecidos, la necesidad de justicia y memoria, Anfasep 30 años de lucha», el Defensor del Pueblo en funciones, Eduardo Vega, exhortó a las autoridades a reflexionar con responsabilidad sobre los resultados alcanzados en la atención a las víctimas de la violencia del período 1980 – 2000, a fin de hacer los cambios necesarios.
Detalló que si bien se han dado avances como la creación del Plan Integral de Reparaciones, el Registro Único de Víctimas, la implementación de los programas de reparaciones colectivas y económicas individuales y el Lugar de la Memoria, aún persisten serias dificultades y demoras, estancamientos, e incluso retrocesos en la atención a las demandas de verdad, justicia y reparación.
«Las medidas adoptadas siguen siendo insuficientes y no han tenido aún impacto en el ejercicio de los derechos de cada una de las víctimas y sus familiares, pues todavía miles esperan ser escuchados y reconocidos como ciudadanos y ciudadanas de una misma nación. Tampoco se ha logrado atender de manera integral la problemática de las personas desaparecidas», manifestó Vega.
En dicho evento, organizado por la Asociación Nacional de Familiares de Secuestrados, Detenidos y Desaparecidos del Perú (ANFASEP), en el marco de los 10 años de la entrega del Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, el funcionario sostuvo que es imperativo atender las graves secuelas del terrorismo y en esa tarea deben participar todos los sectores del Estado, gobierno central, regional y local, a fin que se cumpla con el objetivo de restablecer los lazos entre el Estado y este sector de nuestra población.
El Defensor del Pueblo, quien presentó en esta localidad el Informe Defensorial Nº 162: «A diez años de verdad, justicia y reparación. Avances, retrocesos y desafíos de un proceso inconcluso», resaltó que el cual gobierno ha destinado 120 millones de soles al pago de reparaciones.
En lo que se refiere a programas específicos, el 33% de las comunidades afectadas ha recibido reparación colectiva y el 37% de beneficiarios han recibido reparación económica individual. El Registro Único de Víctimas (RUV) está cerrado desde diciembre del 2011 y no se ha cumplido con el acuerdo de la Comisión Multisectorial de Alto Nivel (CMAN), de aumentar el monto de reparación económica individual.
Cabe señalar que el RUV acreditó hasta el mes de marzo del 2013 a 182,350 víctimas. De ese universo: 1,034 son miembros de la Policía Nacional; 1,254 de las Fuerzas Armadas; 1,516 de los Comités de Autodefensa y 103,115 civiles. El 30% de las víctimas acreditadas son de la Región Ayacucho. De acuerdo con el Consejo de Reparaciones, 3,587 personas han fallecido sin recibir reparación económica individual, pese a encontrarse acreditadas en el RUV.
En otro momento, el Defensor del Pueblo, expresó su preocupación sobre la necesidad de atender la situación de las personas desaparecidas. «Se requiere impulsar un trabajo coordinado, ordenado e integral que no solo atienda el enfoque penal sino también humanitario y social que demanda esta problemática. Existe una propuesta consensuada por el Ejecutivo, el Ministerio Público y la sociedad civil, que esperamos sea puesta en marcha para lograr mejores resultados», sostuvo Vega.
Asimismo, el funcionario refirió que en los últimos años, ideas violentistas intentan nuevamente apoderarse de la mente de los jóvenes; así como grupos de fachada de Sendero Luminoso, como el Movadef, pretenden ingresar a la vida política del país.
Por ello, consideró finalmente imperativo vincular el ámbito educativo con la memoria colectiva con el objeto de prevenir el surgimiento de grupos o movimientos que incorporen la violencia y el terrorismo como métodos para alcanzar sus objetivos, o que pretendan justificar el terror vivido en las décadas pasadas.
En dicha ciudad el funcionario visitó también el Santuario de la Memoria de la Hoyada e inauguró el Seminario Internacional denominado «La Judicialización en Perú y Guatemala, Caso Emblemáticos».
FUENTE: Defensoría del Pueblo de Perú