El Defensor del Pueblo (e), Eduardo Vega Luna, viajó a la ciudad de Pucallpa para sostener diversas reuniones con las autoridades del Gobierno Regional de Ucayali a fin de acelerar el proceso de titulación de la comunidad nativa de Alto Tamaya Saweto, tal como fue el justo reclamo de Edwin Chota y los otros líderes indígenas asesinados a principios del mes de setiembre.
El funcionario recordó que hace 11 años los dirigentes indígenas de Saweto vienen solicitando la titulación de sus terrenos ancestrales y debido al conjunto de obstáculos administrativos se ha venido postergando, innecesariamente, el acceso de la comunidad a su derecho de propiedad comunal.
También se dialogó con los representantes de la Dirección Regional Agraria de Ucayali, a quienes recomendó continuar con el trámite de titulación. Los funcionarios mencionaron que en cuanto el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR), atienda la solicitud presentada el pasado 13 de octubre para el redimensionamiento del Bosque de Producción Permanente, estarán en la posibilidad de titular las 78 mil has de tierras de la citada comunidad nativa.
De otro lado, en reuniones con los representantes del Ministerio Público y de la Policía Nacional de Pucallpa, recomendó dar mayor celeridad a las investigaciones que permitan la inmediata ubicación de los restos de uno de los dirigentes y la pronta identificación de los cuerpos recuperados a fin de que sean entregados a sus familiares. Los funcionarios señalaron la urgente necesidad de que las Fuerzas Armadas apoyen las investigaciones facilitando un helicóptero que permita realizar las constataciones fiscales en la zona.
Durante su estadía en Pucallpa, el Defensor del Pueblo dialogó con las viudas de Edwin Chota Valera, Leoncio Quinticima Meléndez, Francisco Pinedo Ramírez y Jorge Ríos Pérez, a quienes les hizo entrega del informe sobre las actuaciones defensoriales por el presente caso.
En atención a su mandato constitucional, la Defensoría del Pueblo continuará supervisando los compromisos asumidos por las diversas instancias del Ejecutivo se cumplan a fin de lograr la pronta titulación de sus tierras, la erradicación de la tala ilegal en la zona, la investigación y sanción de los responsables de las muertes, la ubicación y entrega de los restos de los cuatro dirigentes indígenas, así como la urgente atención a la comunidad de los programas sociales que brinda el Estado.
«Las legítimas demandas de los pueblos indígenas no pueden seguir siendo postergadas. Resulta un imperativo ético atender la deuda histórica de olvido y exclusión con los pueblos indígenas peruanos”, concluyó Vega.
FUENTE: Defensoría del Pueblo de la República de Perú