Los denunciantes o colaboradores que ponen en conocimiento presuntos actos de corrupción, así como los funcionarios públicos que en el ejercicio de sus funciones se ven expuestos a represalias u actos de hostilización hacia ellos o sus familiares, requieren contar con las medidas de protección para colaborar con la justicia, y medidas de seguridad para ejercer sus funciones, respectivamente.
Por ello, y a la luz de recientes amenazas y hechos de violencia contra denunciantes, colaboradores y funcionarios públicos, la Defensoría del Pueblo expresa su preocupación e invoca:
- Al Ministerio Público, a fortalecer el Programa de protección de agraviados, testigos, peritos y colaboradores de la justicia, a fin de garantizar el otorgamiento oportuno de medidas de protección a los denunciantes de presuntos hechos de corrupción en aplicación de la normativa vigente dispuesta por los artículos 247 al 252 del Código Procesal Penal.
- Al Ministerio del Interior, a través de la Dirección de Seguridad del Estado de la Dirección General de la Policía Nacional del Perú, a otorgar de manera oportuna y eficiente medidas de seguridad a aquellos funcionarios que por su condición, nivel de riesgo en el desempeño del cargo o circunstancias de coyuntura requieran contar con las mismas, en el marco de la Directiva N.° 014-2016-IN/PNP, aprobada mediante la Resolución Ministerial N° 0674-2016-IN/PNP, del 21 de julio de 2016.
- A la Policía Nacional del Perú (PNP), a establecer lineamientos claros para asegurar un trabajo conjunto y coordinado entre la Dirección de Investigación Criminal (DIRINCRI) y la Dirección de Seguridad del Estado (DIRSEEST) de modo que las alertas sobre el peligro de la integridad física de los funcionarios públicos incluyan las medidas de seguridad correspondientes.
En ese sentido, exhortamos a las autoridades competentes a adoptar las acciones que sean necesarias a fin de asegurar que los denunciantes, colaboradores y funcionarios puedan desenvolverse en un entorno seguro que cautele sus derechos fundamentales. Del mismo modo, resulta imprescindible garantizar el desarrollo de investigaciones exhaustivas sobre actos de violencia u hostilización que se perpetren en agravio de ellos.
Finalmente, la Defensoría del Pueblo expresa su solidaridad y disposición a ofrecer el acompañamiento necesario, en el marco de sus competencias, a los denunciantes, colaboradores y funcionarios que vienen demostrando determinación y valor en la lucha contra la corrupción.
Pronunciamiento N° 008/DP/2019