Con el objetivo de contribuir al mejoramiento de las condiciones educativas de la población escolar en el país, la Defensoría del Pueblo viene supervisando el cumplimiento de la gratuidad de la matrícula, la contratación del personal docente adecuado y el acceso de los estudiantes con discapacidad a los centros educativos regulares.
Con el objetivo de contribuir al mejoramiento de las condiciones educativas de la población escolar en el país, la Defensoría del Pueblo viene supervisando el cumplimiento de la gratuidad de la matrícula, la contratación del personal docente adecuado y el acceso de los estudiantes con discapacidad a los centros educativos regulares.
Así lo dio a conocer el Defensor del Pueblo (e), Eduardo Vega, durante la exposición que presentó ante los miembros de la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso de la República, a quienes indicó que entre los problemas identificados se encuentra el condicionamiento de la matrícula escolar a cobros indebidos que afectan el derecho de acceso y permanencia en el sistema educativo.
“Nos estamos refiriendo a la existencia de requisitos para la admisión o matrícula que impiden el libre acceso a la educación pública: presentar partidas de nacimiento o el Documento Nacional de Identidad (DNI), hacer pagos a la Asociación de Padres de Familia (Apafa), haber llevado cursos de nivelación, entre otros”, subrayó el representante de la Defensoría del Pueblo.
Con respecto a la contratación de profesores, Vega informó que no se cuenta con docentes contratados para que trabajen el primer día de clases y que resulta insuficiente el número de profesores bilingües para laborar en las escuelas indígenas.
A ello agregó el problema de la ausencia de personal docente calificado para atender a los estudiantes con discapacidad. Por medio del personal que atiende en sus 38 oficinas, distribuidas en todo el territorio nacional, la Defensoría del Pueblo supervisará la adecuada contratación de docentes, en el marco del cumplimiento de la directiva para el desarrollo del Año Escolar 2012 y de la contratación de docentes en las instituciones educativas (IE) públicas.
Con relación a la infraestructura escolar y a su mantenimiento, Vega informó que la Defensoría del Pueblo ha verificado que el 48% de las IE se encuentra arquitectónicamente inaccesible para recibir a estudiantes con discapacidad e indicó que no todos los colegios emblemáticos de Lima y Callao son accesibles.
Más adelante se refirió a las irregularidades detectadas en la selección de textos escolares por parte de las IE, los cuales estarían siendo seleccionados en función de los beneficios otorgados por las empresas editoriales al centro educativo o al personal docente, y no de criterios pedagógicos.
FUENTE: Defensoría del Pueblo de Perú