La Adjunta para la Administración Estatal de la Defensoría del Pueblo, Eugenia Fernán–Zegarra, solicitó al Ministerio de Salud (Minsa) y al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) eliminar los períodos de espera que restringen la atención que requieren las madres gestantes después de haberse inscrito en el Seguro Integral de Salud (SIS) y en EsSalud.
En ese sentido, la funcionaria señaló que “el Reglamento de la Ley de Modernización de la Seguridad Social en Salud, así como el reciente Reglamento de la Ley Marco de Aseguramiento Universal en Salud, establecen una restricción al precisar que para la cobertura de maternidad las mujeres deben estar afiliadas al momento de la concepción”.
Ello significa que si una mujer empieza a gestar antes de ingresar a EsSalud (o al SIS dentro del régimen semisubsidiado), no tiene derecho a las prestaciones de maternidad. Es decir, no puede acceder a la atención del parto y de post parto debido a que se le exige que tenga – en la práctica – diez meses de aportación.
A este respecto, Fernán–Zegarra recordó que el Tribunal Constitucional ha precisado que la decisión de una mujer de traer al mundo una nueva vida es una de aquellas opciones que se encuentran protegidas por el marco constitucional. Por consiguiente, tanto la madre como la mujer embarazada deben tener una tutela especial y reforzada. “Para la Defensoría del Pueblo es evidente que la limitación a la atención de las mujeres gestantes, debido a la aplicación de “períodos de espera”, contraviene la obligación del Estado de brindarles una protección especial y reforzada”, sostuvo dicha funcionaria.
Finalmente, Fernán–Zegarra indicó que la Defensoría del Pueblo ha puesto en conocimiento de los ministerios de Salud y de Trabajo esta situación, recomendando la supresión de los dispositivos legales que establecen la restricción de las prestaciones de maternidad mediante los periodos de espera y contravienen la atención preferente de la mujer gestante en el país.
“Es imposible cumplir con la protección de las madres gestantes si se les niega la atención del parto, bajo el pretexto de que no han aportado de manera suficiente a cualquier seguro público. Ello estaría afectando el derecho a la salud de este sector de la población”, subrayó la representante de la Defensoría del Pueblo.
FUENTE: Defensoría del Pueblo de Perú