En su mayoría, los establecimientos carecían de las mínimas condiciones para funcionar. Se solicitó a las municipalidades identificar y fiscalizar estos locales.
El jefe de la Oficina Defensorial de Lima Sur, Percy Tapia Vargas, saludó la decisión de clausurar temporalmente, o iniciar proceso sancionador, a los centros de rehabilitación que operan sin licencia de funcionamiento, o sin las mínimas condiciones de seguridad en los distritos de Lima Sur, lo que exponía gravemente a la integridad y la salud de las personas que albergaban.
Según el funcionario, tras las tragedias ocurridas en los centros de rehabilitación ‘Cristo es Amor’ en San Juan de Lurigancho y ‘Sagrado Corazón de Jesús’ en Chosica –donde perdieron la vida decenas de personas–, se solicitó a las municipalidades que procediesen a identificar y fiscalizar los centros que funcionaban en sus respectivas jurisdicciones, a fin de detectar a aquellos que están operando de manera irregular.
En su respuesta, la Municipalidad de Villa María del Triunfo informó la existencia de dos centros que no cuentan con licencia municipal: la ‘Iglesia Clamor en el Barrio’ y la ‘Asociación Evangélica Comunidad Terapéutica Cristiana David’. Asimismo se reveló la existencia de dos establecimientos cuya infraestructura se encuentra en alto riesgo: la ‘Asociación Cultural Comunidad Terapéutica Cristiana Casa Emmanuel’ y la ‘Asociación Religiosa Comunidad Cristiana Betel–Casa de Dios’.
Por su parte, la Municipalidad de San Juan de Miraflores dio a conocer la existencia de tres centros de rehabilitación, que funcionan sin las mínimas condiciones de seguridad: ‘Restauración espiritual’, ‘Aprendiendo a ser feliz’ y ‘Asociación benéfica casa de vida’.
Por su parte la Municipalidad de Lurín informó que se ha identificado a dos establecimientos que tampoco cuentan con licencia municipal. Se trata de la ‘Asociación Civil Proyección a la Vida’, así como uno sin nombre, ubicado en Playa Arica.
Tapia Vargas invocó al resto de las comunas a realizar tareas de fiscalización, a fin de identificar si existen otros centros de rehabilitación que estén funcionando irregularmente. Además, sugirió que, en el caso de los que cuentan con licencia de funcionamiento, las municipalidades deben supervisar las condiciones bajo las cuales se otorgaron las autorizaciones ediles.
FUENTE: Defensoría del Pueblo de Perú