En Lima, Cajamarca, Cusco, La Libertad, Puno y Loreto se registra el mayor número de víctimas. Urge asegurar funcionamiento de los Comités de Muerte Materna en Regiones, a fin de investigar los hechos e identificar las causas de los fallecimientos.
Según la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar, la actual tasa nacional de mortalidad materna asciende a 93 por 100 mil nacidos vivos. No obstante los avances que registra el país en esta materia, la Dirección de Epidemiología del Ministerio de Salud (Minsa) advirtió que, durante los primeros cinco meses del año, las Regiones de Lima, Cajamarca, Cusco, La Libertad, Puno y Loreto registran un alto número de muertes maternas en comparación con el mismo período del año pasado.
La Defensoría del Pueblo remitió oficios al Minsa y a las Direcciones Regionales de Salud (Diresa), a fin de manifestar su preocupación sobre el particular, así como reiterar las recomendaciones formuladas en los informes defensoriales sobre la materia, entre las que figura asegurar el funcionamiento de los Comités de Muerte Materna en Regiones, con el propósito de investigar los hechos e identificar las causas de los fallecimientos.
Tomando en cuenta que la muerte de una mujer por complicaciones durante el embarazo y/o parto constituye una de las más extremas manifestaciones de inequidad, la Defensoría del Pueblo considera necesario que se fortalezcan las acciones destinadas a incrementar el número de controles prenatales y los partos institucionales. De igual modo, se requiere mejorar las competencias técnicas de los proveedores de salud de dichas regiones para garantizar la adecuada atención de los partos y las emergencias obstétricas.
En opinión de la Defensoría del Pueblo, en pleno Siglo XXI es inadmisible que una mujer muera por causas evitables relacionadas con el embarazo y/o parto. “Es deber del Estado garantizar la adecuada atención de las gestantes en todo el país. Mejorar la salud de las mujeres es mejorar sus condiciones de vida”, ha sostenido la Adjunta para los Derechos de la Mujer, Eugenia Fernán-Zegarra.
FUENTE: Defensoría del Pueblo de Perú