Frente a las denuncias conocidas en los últimos días sobre la existencia de algunos textos educativos elaborados por el Ministerio de Educación con contenidos cuestionables, la Defensoría del Pueblo, manifiesta lo siguiente: En relación a la educación sexual, el material aprobado responsabiliza únicamente a las mujeres respecto del cuidado de la salud sexual y reproductiva.
Este solo aspecto revela una orientación educativa basada en prejuicios, desigualdades entre hombres y mujeres, y una concepción estereotipada de la sexualidad. Los textos referidos a la violencia terrorista y a las violaciones a los derechos humanos ocurridas en las décadas del ochenta y noventa, tiene vacíos y distorsiones presentando la historia incompleta a los estudiantes, privándolos de una aproximación sincera y crítica a una de las etapas más cruentas de nuestra historia. Como sociedad debemos tener siempre presente que la memoria del horror es el arma más eficaz para prevenir el resurgimiento de fenómenos de violencia extrema.
Estos dos casos que han saltado a la vista recientemente, generan serias dudas sobre la calidad de los contenidos de todos los materiales educativos que se utilizan en las escuelas del país. Tenemos la obligación de exigir se transparenten todos estos contenidos de modo que los alumnos, profesores, padres de familia y entidades estatales nos sintamos seguros del valor de la enseñanza que se imparte en el país, al ser la educación la herramienta de desarrollo más importante; aquella que propicia oportunidades para una vida plena, y que sienta las bases de una sociedad culta e igualitaria.
Así también proponemos la creación de comisiones independientes integradas por expertos en las distintas materias que, en coordinación con el Ministerio de Educación y el Consejo Nacional de la Educación, auditen los materiales educativos e identifiquen los contenidos que claramente afectan el sentido de una formación moderna, libre, igualitaria y respetuosa de los derechos de todos.
El material cuestionado debe ser retirado tomándose las previsiones para no afectar el dictado de las correspondientes materias. Amparados en nuestro rol constitucional como supervisores del cumplimiento de los derechos humanos, investigaremos los procedimientos vigentes que se siguen en el Ministerio de Educación para crear, discutir y aprobar los materiales educativos que se distribuyen año a año, a fin de verificar si cuentan con los controles que garanticen la elaboración de productos de calidad. Todos los estudiantes del Perú merecen ser formados adecuada e integralmente; de ello depende en gran medida la realización de sus proyectos de vida.
Nos corresponde como Estado y como sociedad asegurarles una educación del más alto nivel.
Lima, 28 de junio de 2018