Los avances en materia de reparaciones, justicia y memoria todavía son insuficientes, a nueve años de la entrega del Informe de la CVR. Urge modificación del D.S Nº 051-2011-PCM sobre reparaciones económicas individuales.
A nueve años de la entrega del Informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), el Defensor del Pueblo en funciones, Eduardo Vega Luna, reconoció que los esfuerzos iniciales del Estado por atender a las víctimas civiles, policiales y militares, no han sido suficientes para que éstas accedan a reparaciones integrales, oportunas y dignas.
«Si bien ha habido esfuerzos, éstos se han concentrado en las reparaciones colectivas, sin embargo todavía falta mayor trabajo en reparaciones individuales, especialmente en salud, educación y económicas. Lamentablemente hay víctimas que han fallecido sin haber recibido una adecuada y justa atención», acotó el representante de la Defensoría del Pueblo.
En ese contexto, recordó que se encuentra pendiente la modificación del D.S. Nº 051- 2011- PCM, así como el reconocimiento de la cesión del derecho a favor de los hijos de las víctimas directas, en materia de educación.
«Dicha norma resulta cuestionable al haber dispuesto el cierre del Registro de Víctimas al 31 de diciembre del 2011 y al priorizar el otorgamiento de reparaciones económicas sólo en función a la edad de la víctima o su familiar. También nos preocupa que no se haya incrementado el monto de S/. 10,000.00 nuevos soles a 10 UITs, tal como lo propuso la propia Comisión de Alto Nivel – CMAN, en noviembre del año pasado», dijo el funcionario.
Por su parte, Gisella Vignolo, Adjunta para los Derechos Humanos y las Personas con Discapacidad de la Defensoría del Pueblo, señaló que en materia de justicia se han dado algunos retrocesos. Por ejemplo –dijo- el reciente fallo sobre el grupo Colina que desconoció estándares internacionales en materia de derechos humanos obligatorios para el Estado peruano.
«También hemos advertido, con preocupación, el estancamiento en las investigaciones preliminares debido a la falta de recursos para realizar las diligencias, la sobrecarga de las fiscalía, la ausencia de defensa legal para las víctimas y de un sistema de protección eficaz así como la falta de información sobre los presuntos responsables», dijo la funcionaria.
De otro lado, cuestionó que se encuentre pendiente la implementación de un Plan Nacional de Exhumaciones que permita la ubicación e identificación de los más de 15,000 de desaparecidos que nos dejó la época del terrorismo.
«El proceso de exhumación ha presentado diversas dificultades: falta de recursos económicos, capacitación de los magistrados, mayor número de peritos forenses especializados, insumos para la realización de pruebas de ADN, entre otros. En conclusión, no contamos con una política pública de búsqueda de las personas desaparecidas», acotó Vignolo.
Junto con estas constataciones, Eduardo Vega, señaló que «igual de preocupante resulta constatar que muchos jóvenes en claro desconocimiento a los hechos ocurridos, soliciten una amnistía y libertad para Abimael Guzmán, líder de Sendero Luminoso, que sembró el dolor y tragedia en nuestro país en los años 1980 – 2000″.
Añadió que «este desconocimiento o indiferencia hace aún más urgente implementar cuanto antes un Plan de Educación en Derechos Humanos a nivel nacional, como parte de una política pública en la que todo el aparato estatal esté en la obligación jurídica y moral de contribuir. Por ello, exhorto a una lucha frontal contra el terrorismo evitando que la ideología del terror nuevamente se apodere de las aulas y de nuestra sociedad», señaló Vega.
Finalmente, indicó que es necesario atender las reformas institucionales imprescindibles para que hechos tan graves no se vuelvan a repetir jamás, lo que contribuirá a generar una cultura de respeto a los derechos humanos en el país.
FUENTE: Defensoría del Pueblo de Perú