La Defensoría del Pueblo ha puesto atención al proceso administrativo que determinó la cancelación del permiso de residencia del religioso Paul Mc Auley, con el fin de verificar que no se vulneren derechos fundamentales.
Así lo informó hoy la titular de esta institución, Beatriz Merino, quien sostuvo que dicha evaluación es con el objetivo de verificar que se respete el debido proceso, es decir, que se garantice el derecho de defensa y que la resolución expedida por el Ministerio del Interior deba reunir las características de una debida fundamentación y motivación.
En este caso concreto, la resolución debe desarrollar y precisar qué conductas son consideradas como “actos en contra de la seguridad del Estado, el orden público y la defensa nacional”, así como aportar las pruebas que lo acrediten”, señaló Merino.
Beatriz Merino agregó que con relación al proceso administrativo ante la Oficina de Migraciones, la defensa del religioso ha sostenido que éste nunca fue notificado de dicho procedimiento. “Si esto fuera cierto, en efecto, se estaría vulnerando su derecho a la defensa”, manifestó.
En ese sentido señaló que la aplicación de las normas de la Ley de Extranjería, en éste y en cualquier otro caso, debe tener el máximo cuidado en respetar los derechos fundamentales de los ciudadanos extranjeros para evitar que se produzcan arbitrariedades o vulneraciones de derechos.
FUENTE: Defensoría del Pueblo de Perú.