El jefe del Programa de Asuntos Penales y Penitenciarios de la Defensoría del Pueblo, José Ávila, señaló hoy que las condiciones de habitabilidad y de seguridad en las que se cumple la medida judicial de detención domiciliaria en la Casa Transitoria de Arresto Domiciliario “Santa Bárbara” no son compatibles con la dignidad humana y ponen en riesgo permanente la vida, la integridad y la salud de las personas internadas en dicho lugar y de sus propios custodios.
Abundando en argumentos, el funcionario agregó que este recinto no solo carece de amparo legal, sino que no cuenta con un régimen de vida, provisión de alimentos, servicios de salud, asistencia social y psicológica. “Este centro no puede continuar funcionando bajo estas condiciones deplorables y sin una base legal. Las autoridades deben disponer su clausura para evitar consecuencias lamentables”, acotó.
A continuación invocó a los Presidentes de la Cortes Superiores de Lima, Callao y Lima Norte a resolver de manera inmediata la situación jurídica de los 64 detenidos que se encuentran en dicho lugar. “Pese a que la mayoría de los detenidos tiene la condición jurídica de procesados, y a que se han cumplido los plazos legales para ser condenados (36 meses), los magistrados no han adoptado medida alguna que permita agilizar sus procesos y determinar la responsabilidad o inocencia de estas personas”, añadió Ávila.
José Ávila recordó que la Policía Nacional del Perú (PNP) abrió la Casa “Santa Bárbara” en el año 2006 para albergar temporalmente a dos procesados, a quienes el Poder Judicial dispuso detención domiciliaria y no contaban con un domicilio conocido. Sin embargo, este centro continuó operando de manera atípica, irregular y en contravención de lo que disponen las normas y tratados internacionales contra la tortura, los tratos crueles, inhumanos o degradantes.
“Hemos elaborado tres informes específicos sobre las condiciones con que funciona la Casa Transitoria Santa Bárbara. Pese a las recomendaciones formuladas, éstas se mantienen invariables, generándose situaciones de conflicto y tensión permanente no solo entre los internos, sino con la autoridad policial”, expresó el funcionario.
Por otra parte, sostuvo que la situación de inseguridad es tan grave que, en enero del año 2009, ocho personas lograron fugar a través de un forado, hecho que –en las condiciones actuales– se podría repetir, lo cual también implica un grave riesgo para la seguridad ciudadana.
Ávila señaló que los magistrados deben vigilar que las condiciones de vida en los centros de reclusión no contravengan las disposiciones constitucionales en materia de derechos humanos y, a su vez, que se cumplan de manera efectiva sus mandatos.
Asimismo, dio a conocer que la Defensoría del Pueblo ha solicitado al Viceministro de Justicia que convoque de manera urgente a los representantes de las Cortes Superiores de Lima, Lima Norte y Callao, así como a los miembros de la PNP, a fin de dar una solución inmediata a esta situación, en resguardo de los derechos de los internos, así como de los efectivos policiales que se encuentran a cargo de su custodia.
FUENTE: Defensoría del Pueblo del Perú.