Como suele hacerlo mensualmente, la Defensoría del Pueblo dio a conocer hoy el Reporte de Conflictos Sociales Nº 87, correspondiente al mes de mayo, el cual da cuenta de la existencia de un total de 227 conflictos sociales, de los cuales 142 se encuentran activos (63%) y 85 se mantienen en estado latente (37%).
El documento defensorial brinda información referente a seis (6) nuevos conflictos sociales. Cuatro (4) de ellos son socioambientales, en tanto que el quinto caso corresponde a una demarcación territorial y el sexto se debe a reclamos de los estudiantes de la Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios, quienes rechazan la permanencia de su rector, a quien atribuyen presuntas irregularidades en su gestión.
El Reporte Defensorial registra, asimismo, 40 acciones colectivas de protesta ocurridas durante el quinto mes del año. Además se da cuenta de un total de 193 actuaciones defensoriales, de las cuales 152 corresponden a acciones de supervisión preventiva y 34 a las de intermediación. Además se realizaron siete (7) acciones de defensa legal.
Con respecto a los nuevos conflictos socioambientales, el primero está ubicado en la comunidad campesina de Huaripampa (Áncash), donde los comuneros denuncian un supuesto incumplimiento del plan de desarrollo comunal conforme a los compromisos asumidos con la empresa minera Antamina. El segundo se debe a la protesta por supuestos incumplimientos de compromisos, por parte de la empresa minera Xstrata Las Bambas, pero el caso ya está encaminado por la vía del diálogo.
El tercero de esta naturaleza se ha producido en una localidad situada entre los distritos de Lucanas (Ayacucho) y Nazca (Ica), donde la Comunidad Campesina de Concepción (Ayacucho) se opone al desarrollo de actividades mineras informales en la zona. El cuarto caso ha aparecido en el distrito de Orurillo, donde los pobladores del distrito rechazan las actividades mineras de la Empresa “Ciemsa La Poderosa” en la zona.
Respecto al nuevo caso por demarcación territorial, éste corresponde al diferendo existente entre la Municipalidad de Uchumayo y la Municipalidad de Tiabaya (Arequipa), las cuales reclaman, como parte de su jurisdicción, los terrenos que ocupa el Asentamiento Humano “Virgen de las Peñas”.
El Reporte N° 87 –elaborado por la Adjuntía de Prevención de Conflictos de la Defensoría del Pueblo– señala que se han reactivado dos conflictos sociales, un caso socioambiental y un conflicto por asuntos de Gobierno Local, que se hallan localizados en Cajamarca y Junín, respectivamente.
Con relación a los tipos de conflicto que contempla el Reporte se precisa que, del total, el 51,5% (117 casos) está constituido por conflictos socioambientales. A continuación se registran los conflictos originados por asuntos de Gobierno Local, con 10,6% (24 casos), y los conflictos vinculados a asuntos de Gobierno Nacional, con 10,3% (23 casos).
De igual modo se detalla que 22 conflictos sociales han pasado del estado activo al latente. De ellos, 14 son conflictos electorales originados tras las elecciones regionales y locales del año 2010, que esperan la realización de las Elecciones Municipales Complementarias, a realizarse el 3 de julio del 2011. Por otro lado, se han retirado del registro principal nueve (9) casos latentes ya que no se han producido hechos que demuestren que los actores involucrados mantienen activas sus diferencias.
Cabe destacar que, durante mayo del 2011, 92 casos continuaron siendo tratados mediante procesos de diálogo (el 64% del número de casos activos), entre los que figura el caso socioambiental localizado en los valles de los ríos Pativilca, Fortaleza y Santa (Áncash), donde el 30 de abril se instaló el equipo técnico para la elaboración del estudio de la laguna de Conococha como cabecera de cuencas.
Por otro lado, la Defensoría del Pueblo ha dado a conocer su preocupación por los hechos ocurridos en Huancavelica y el paro convocado en Puno. En el primer caso, la reciente creación de la Universidad Nacional Autónoma de Tayacaja, que ha motivado la utilización de los recursos económicos, humanos y logísticos de la Universidad Nacional de Huancavelica, continúa generando el rechazo de los estudiantes de esta última.
En lo que concierne a la región Puno, se han reiniciado las medidas de fuerza por parte del Frente de Defensa de los Recursos Naturales de la Zona Sur, junto con organizaciones de la provincia de Carabaya, las cuales expresan su rechazo a la actividad minera y petrolera. En vista de ello, se exhorta a las autoridades competentes y a la población en actitud de protesta a agotar los mecanismos de diálogo para solucionar estos problemas dentro del marco legal establecido.
Asimismo, la Defensoría del Pueblo se mantendrá atenta al resultado de las investigaciones a cargo del Ministerio Público, a fin de que se esclarezcan los hechos producidos en Puno durante el mes de mayo, y se determinen las responsabilidades de ley.
La Adjuntía para la Prevención de Conflictos Sociales y la Gobernabilidad invita a los interesados en obtener una información más detallada a visitar la página del Reporte de Conflictos Sociales (www.defensoria.gob.pe/conflictos-sociales).
FUENTE: Defensoría del Pueblo del Perú.