En vista de la suspensión de la diligencia judicial de desalojo de las personas que ocupan los predios conocidos como “Patapón” y “San Martín B”, en el sector de Batangrande, distrito de Pítipo, provincia de Ferreñafe, departamento de Lambayeque, de propiedad de la empresa Agro Pucalá S.A.A, el Jefe de la Defensoría del Pueblo en Lambayeque, Julio Hidalgo, hizo un llamado a las partes en conflicto para que retomen el dialogo iniciado y, de este modo, procurar un acuerdo con que se logre el cumplimiento legal de la sentencia judicial que ordena el desalojo, evitando hechos de violencia.
La diligencia fue suspendida por el Juez del Primer Juzgado Penal Transitorio de Ferreñafe, tras señalar que no había garantías suficientes, después de que el Jefe de la Segunda Dirección Territorial de Lambayeque le expresó que no contaba con los efectivos policiales necesarios para llevar a cabo dicha diligencia.
Por su parte, Julio Hidalgo sostuvo que todas las personas están obligadas a cumplir las decisiones judiciales porque es una garantía del respeto de los derechos fundamentales en el sistema democrático que existe en el país. Asimismo, señaló que los miembros de las fuerzas del orden deben actuar en la diligencia de desalojo –que se ejecutará próximamente–, respetando los derechos fundamentales de las personas y las normas sobre el uso proporcional de la fuerza, así como el control y el mantenimiento del orden interno.
Más adelante, Hidalgo invocó a los miembros de esa comunidad a respetar a la autoridad, evitando toda forma de comportamiento violento, respetando la vida, la integridad, la propiedad pública y la privada, así como el derecho de las demás personas, precisando enfáticamente que los hechos de violencia no contribuyen, en ningún sentido, a la tranquilidad del país y al fortalecimiento de su institucionalidad democrática.
Fiel a su mandato institucional, la Defensoría del Pueblo reitera su exhortación a todos los ciudadanos y a las autoridades a retomar el camino del diálogo y el entendimiento, formulando un llamado respetuoso, pero firme, a las partes involucradas en el conflicto para que las diferencias y discrepancias se expongan dentro de las vías que ofrece el Estado de Derecho y con apego al más profundo respeto de los derechos fundamentales.
FUENTE: Defensoría del Pueblo del Perú.