A casi dos años de producidos los luctuosos sucesos acontecidos en Bagua, región Amazonas, la Defensoría del Pueblo insistió en la necesidad de que se cuente con una ley de consulta, que fue uno de los principales reclamos planteados por las comunidades indígenas, en las mesas que se desarrollaron a propósito de los hechos ocurridos el 5 de junio del 2009.
Así lo sostuvo esta tarde, la doctora Gisella Vignolo, Adjunta para los Derechos Humanos y las Personas con Discapacidad de la Defensoría del Pueblo, en la reunión de trabajo convocada por la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuanos, Ambiente y Ecología, que preside el congresista Washington Zeballos Gámez.
La funcionaria recalcó que resulta preocupante que hasta la fecha no se haya aprobado la ley de consulta ni se observen avances importantes en las políticas públicas a favor de esta población.
A modo de ejemplo, se refirió al hecho que los niños y niñas siguen sin recibir una educación intercultural bilingüe de calidad. La mayoría de sus madres no reciben servicios de salud apropiados, oportunos y respetuosos de sus tradiciones. A ello sumó el hecho que, diversos pueblos indígenas todavía no tienen tituladas las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera Vignolo sostuvo que, es indispensable una reforma del Estado de una manera que, reconociendo nuestra diversidad cultural, incluya a los pueblos indígenas, convirtiéndolos en los actores centrales de su propia prosperidad. “Es necesario aprender a dialogar de manera intercultural y ello demanda desarrollar actitudes y un lenguaje que nos acerquen los unos a los otros.
También se refirió a la necesidad de aprovechar nuestras riquezas naturales de manera sostenible, respetando y consultando a las comunidades. Los beneficios de las actividades económicas deben distribuirse de forma equitativa, brindando oportunidades concretas de prosperidad compatibles con la identidad cultural de estos pueblos.
La Defensoría del Pueblo ha insistido, desde hace varios años, en la obligación impostergable del Estado de garantizar el ejercicio del derecho a la consulta de los pueblos indígenas, en concordancia con los criterios y principios establecidos por el Convenio Nº 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), entre otros, legalidad, libertad, oportunidad, interculturalidad, igualdad y no discriminación. Recordó que esta institución, saludó la aprobación de la autógrafa de la “Ley del Derecho a la Consulta Previa a los Pueblos Indígenas u Originarios”, que cumplía con los principios reconocidos en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)”, y en nuestra opinión con lo resuelto por el Tribunal Constitucional (Exp. Nº 0022–2009–PI/TC). No obstante ello, el Poder Ejecutivo optó por observar esta autógrafa.
Dado el tiempo transcurrido sin contar con esta Ley – dijo Vignolo- la Defensoría del Pueblo ha realizado diversas invocaciones y exhortaciones públicas al Poder Legislativo con el fin de solicitar que se otorgue atención urgente al debate del Pleno respecto a los dictámenes de las referidas observaciones.
Así tenemos que mediante comunicaciones escritas cursadas al Congreso el 5 de agosto y 11 de octubre del 2010, se solicitó «desarrollar todos los esfuerzos que sean necesarios, a fin de que la representación nacional logre consensuar una Ley sobre el Derecho a la Consulta, acorde con lo establecido en el Convenio Nº 169 de la OIT».
El Defensor del Pueblo, Eduardo Vega, ha reiterado recientemente al Presidente del Congreso de la República, la exhortación efectuada para que la representación nacional apruebe la Ley del Derecho a la Consulta, en el marco de las obligaciones establecidas por el Convenio 169 de la OIT, considerando los importantes consensos alcanzados por la autógrafa aprobada el pasado 19 de mayo de 2010.
FUENTE: Defensoría del Pueblo del Perú.