PERÚ: Defensoría del Pueblo detecta 33 entidades públicas obstaculizando acceso a la información

El Jefe de la Oficina Defensorial de la Libertad, William León, informó esta mañana que, gracias a numerosas quejas recibidas, ha detectado que 33 instituciones públicas de dicha región no cumplen adecuadamente la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al no rendir cuentas a los ciudadanos que solicitan información sobre procedimientos administrativos, a pesar de que este derecho está regulado por ley.

“Entre las entidades infractoras con mayor número de quejas se encuentran las Municipalidades de Magdalena de Cao, Santiago de Cao, Quiruvilca, Otuzco, Florencia de Mora, Lucma, Sausal, Chao, Charat, Ucuncha, Uchumarca y Longotea”, señaló León.

Asimismo, el funcionario dio a conocer que se advierte el mismo problema en la Gerencia Regional de Educación La Libertad, la Unidad de Gestión Educativa Local (Ugel) de Virú, la Beneficencia Pública de Guadalupe, la Red de Salud de Otuzco, la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (Sunarp) La Libertad, el Servicio de Administración de Inmuebles Municipales de Trujillo (Saimt), el Servicio de Gestión Ambiental de Trujillo (Segat) y el Proyecto Especial Chavimochic”.

Tras recomendar a dichas instituciones que den cumplimiento a la ley, el funcionario informó que en una supervisión de instituciones detectó problemas relacionados con el incumplimiento del plazo para entregar la información acerca de cobros ilegales o arbitrarios, así como negativas para dar la información por excepciones no previstas en la ley.

Del mismo modo, León verificó que no se ha incorporado en el Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) el procedimiento para obtener la información ni los costos de su reproducción.

“Gracias a esta intervención hemos podido percibir que las autoridades aún desconocen las normas relacionadas a la transparencia y acceso a la información pública, lo que seguirá siendo motivo de coordinación y supervisión”, dijo William León, finalmente.

FUENTE: Defensoría del Pueblo del Perú.