Ante la necesidad de proteger los derechos laborales de los y las trabajadoras del hogar, la Defensoría del Pueblo demandó reconocer su derecho a una remuneración mínima vital así como formalizar su vínculo laboral a través de un contrato escrito y dotarlos de sus respectivos beneficios.
Según la Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza (ENAHO), se estima que 7 de cada 10 trabajadoras del hogar perciben un salario mensual inferior a la remuneración mínima vital y que sólo el 15,6% de este sector laboral se encuentra afiliado a algún sistema de pensiones.
No menos preocupante resulta –para la Defensoría del Pueblo- el hecho que en la mayoría de los casos el trabajo doméstico se realiza de manera informal, pues solo el 30% de trabajadoras y trabajadores del hogar se encuentra inscrito en el registro a cargo de la SUNAT, pese a que esta inscripción es obligatoria para las y los empleadores.
“Hace 15 años se cuenta con la “Ley de los Trabajadores del Hogar” (Ley N° 27986), pero ella no establece una remuneración mínima. Además, consagra un régimen laboral disminuido en lo relativo a vacaciones, gratificaciones, compensación por tiempo de servicios (CTS) y sobretasa por laborar en días feriados”, sostuvo la Adjunta para los Derechos de la Mujer de la Defensoría del Pueblo, Eliana Revollar.
Recordó que desde hace varios años, la institución realiza supervisiones a partir de las cuales se han formulado recomendaciones a las diferentes entidades del Estado con competencias en la materia. Algunas de estas recomendaciones se han cumplido, como la aprobación del “Protocolo de fiscalización de las obligaciones del régimen de los trabajadores y las trabajadoras del hogar”, por la SUNAFIL.
El Poder Ejecutivo y al Congreso de la República deben realizar las acciones necesarias para la pronta ratificación del Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), sobre las trabajadoras y los trabajadores domésticos. Este instrumento internacional (que ya ha sido ratificado por varios países de la región como Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay y Uruguay) compromete a los Estados que lo ratifiquen a adoptar medidas para asegurar condiciones de trabajo decentes para este importante sector laboral.