Una mujer de 67 años de edad –sometida a un tratamiento oncológico– fue detenida y trasladada al Penal de “Cachiche”, en Ica, acusada de tráfico ilícito de drogas, pese a que, según testigos, la verdadera involucrada sería otra persona, señaló hoy Imelda Tumialán Pinto, Jefa del Programa de Protección de Derechos en Dependencias Policiales de la Defensoría del Pueblo.
La funcionaria precisó que la señora Justina Úrsula Díaz Mendoza fue detenida cuando, en compañía de su hija, se encontraba tramitando su pasaporte en la Dirección de Migraciones, a fin de poder visitar a uno de sus hijos, quien trabaja en el Ecuador. “De acuerdo al expediente, la denunciada y procesada es Justina Díaz Mendoza, y no la recluida en el mencionado centro penitenciario”, agregó.
La doctora Tumialán Pinto explicó que, según algunos testimonios, una persona de apellidos Ataupillco Portal fue quien compró unos pasajes para el traslado de la droga que llevaba en su poder, de Ayacucho a Lima, y que, al momento de hacerlo, habría dado como nombre falso el de Justina Díaz Mendoza.
Además, según afirmó la hija de la ciudadana detenida, su madre nunca ha estado en Pisco ni ha vivido en Ayacucho, y que las veces que ha viajado de Lima a Huaraz, o viceversa, lo ha efectuado en compañía de sus hijas debido a su condición de analfabeta. En esa medida, solicitó la inmediata intervención de la Defensoría del Pueblo debido –además- al delicado estado de salud de su madre.
“La detención de Justina Úrsula Díaz Mendoza sería arbitraria pues en el proceso no obran elementos que vinculen a la ciudadana mencionada con la persona que ha participado en el hecho delictivo que se le imputa”, subrayó la representante de la Defensoría del Pueblo.
Más adelante precisó que la ampliación del proceso penal dictado por la Sala Mixta Descentralizada de Pisco, en contra de Justina Úrsula Díaz Mendoza, carecería de los elementos razonables para la imputación de un delito a una persona no investigada, ni notificada de los cargos formulados en un proceso penal, lo cual vulnera sus derechos fundamentales.
En tal sentido, invocó a la Sala mencionada a que, a la brevedad posible, resuelva el caso de la ciudadana cuya salud se podría ver afectada debido a la enfermedad que padece.
FUENTE: Defensoría del Pueblo del Perú.