La Defensoría del Pueblo, en cumplimiento del Artículo 162º de la Constitución Política del Perú y del artículo 27º de su Ley Orgánica, remitió al Congreso de la República, en la víspera, su Decimotercer Informe Anual, el cual contiene información sustancial respecto de las actuaciones defensoriales más relevantes que realizó en el ámbito nacional durante el 2009.
En el informe –que se presenta una vez al año al Congreso de la República– se destaca el importante rol que la institución desplegó con relación a los conflictos sociales en el país. En especial, el informe registra las actuaciones realizadas con ocasión de los lamentables hechos ocurridos en Bagua el 5 de junio del 2009.
Por otro lado, el Decimotercer Informe Anual confirma la tendencia creciente en el número de casos atendidos. Así, mientras que en el 2006 se registraron 85.658 atenciones y que en el 2008 se atendió a un total de 112.694 casos, la cifra aumentó en un 4 % durante el 2009, arribándose a un total de 117.673 casos. Estas cifras reflejan tanto la disconformidad de la ciudadanía con los servicios brindados por la administración estatal, así como la confianza de la población en la labor de la Defensoría del Pueblo, a la que identifican como una entidad comprometida con la defensa de los derechos constitucionales y fundamentales de todos los ciudadanos.
Al igual que en el 2008, el documento revela que el organismo que fue objeto de más quejas durante el 2009 fue la Oficina de Normalización Previsional (ONP): 9.537 quejas en todo el territorio nacional. Con un número inferior de quejas aparecen las municipalidades provinciales, las Direcciones Regionales de Educación (DRE), las Direcciones Regionales de Salud (DIRESA), la Policía Nacional del Perú (PNP), el Poder Judicial, el Seguro Social del Perú (ESSALUD) y los gobiernos regionales.
Durante el año pasado, los derechos vulnerados con más frecuencia han sido los vinculados con el derecho a la seguridad social, en especial en lo relativo a la dilación en el trámite de la solicitud de desafiliación del Sistema Privado de Pensiones.
También se han registrado numerosos casos en los que las entidades de la administración estatal han omitido dar respuesta a las solicitudes en el plazo legal, así como la falta de celeridad procesal, una mala atención de denuncias ciudadanas y una inadecuada atención en los servicios de salud, entre otras.
Por otra parte, el documento detalla la publicación de varios informes defensoriales durante el 2009, como el Informe N° 142, titulado “Fortalecimiento de la Policía Nacional del Perú: cinco áreas de atención urgente”, que muestra los resultados de la supervisión de 300 comisarías en el ámbito nacional, en las cuales se evaluaron las difíciles condiciones materiales y laborales del personal policial, y el Informe N° 141, titulado “Hacia una descentralización al servicio de las personas: recomendaciones en torno al proceso de transferencia de competencias a los gobiernos regionales”, que registra los resultados de la supervisión del proceso de transferencia de competencias sectoriales a los gobiernos regionales y las dificultades de su implementación.
Finalmente, la Defensoría del Pueblo da a conocer, a través del Decimotercer Informe Anual, sus reflexiones sobre la reforma del Estado desde la perspectiva ciudadana y el enfoque de derechos aplicado a las políticas públicas. En tal sentido, la Defensoría del Pueblo considera que del proceso de reforma debería surgir un Estado eficaz, dialogante, libre de corrupción, al servicio del bienestar común y promotor de la paz social.
FUENTE: Defensoría del Pueblo de Perú.