La Defensoría del Pueblo, exhortó a las autoridades competentes a adoptar con celeridad todas las acciones que sean necesarias para evitar que el derrame de petróleo ocurrido el pasado 19 de junio siga afectando los derechos de la población ribereña del Río Marañon.
“Nuestra principal preocupación en este momento es que se abastezca a las poblaciones afectadas con agua suficiente para cubrir sus necesidades de alimentación y poder llevar a cabo sus actividades cotidianas con total normalidad. Además, es urgente evitar que los efectos del derrame se expandan a nuevas zonas”, sostuvo el doctor Iván Lanegra, Adjunto para el Medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos Indígenas.
El indicado funcionario dio cuenta que a través de oficios enviados el día de hoy, solicitó a la Dirección General de Capitanías y Guardacostas del Perú (DICAPI) y al Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (OSINERGMIN), informar sobre las acciones que vienen desarrollando, con el fin de atender las consecuencias del derrame de petróleo ocurrido en las aguas del río Marañón.
En esa línea, la Oficina Defensorial de Loreto viene haciendo seguimiento al caso y monitoreando las acciones que llevan a cabo las autoridades locales, con el fin de atender a los pobladores afectados por el derrame. Por ese motivo, dicha instancia está en contacto permanente con el director del Centro de Salud de Santa Rita de Castilla, capital del distrito de Parinari (zona donde han ocurrido los hechos), quien habría informado que las reservas de agua con que contaba la población ya se han agotado, motivo por el cual teme que los pobladores comiencen a consumir agua del río, hecho que podría generarles daños a su salud. Asimismo, señaló que se vienen atendiendo a tres pacientes por malestares generados al haber consumido agua contaminada.
Entre las poblaciones afectadas se encuentran las comunidades Alfonso Ugarte, Victoria, Santa Rita de Castilla, Ollanta, Roca Fuerte, San Gabriel, entre otras, quienes se abastecen prioritariamente de las aguas del río Marañón para satisfacer sus principales necesidades.
Además, indicó que se ha tomado conocimiento que el Gobierno Regional ha enviado dotaciones de agua que no estarían llegando oportunamente. “Hay que considerar que en la zona habitan aproximadamente 7000 habitantes, de los cuales un aproximado de 4000 personas serían directamente afectadas por el derrame, razón por la cual la dotación de agua debe ser suficiente para abastecer a este número de pobladores”, subrayó la Dra. Lilia Reyes, representante de la Defensoría del Pueblo en Loreto.
De otro lado, Lanegra indicó que el presente caso evidencia la importancia de que las autoridades competentes fiscalicen apropiadamente el cumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas en la normativa nacional e internacional para el transporte de hidrocarburos en barcazas. Según éstas, todo medio de transporte susceptible de provocar la contaminación de las aguas deberá contar con los elementos y equipos necesarios para prevenir, en caso de accidente, la contaminación o minimizar sus efectos al ambiente.
Además, para enfrentar cualquier emergencia, la normativa establece la obligación de que las empresas cuenten con un plan de contingencias aprobado por la autoridad competente, el cual debe ser actualizado permanentemente y conocido por todos sus trabajadores, contratistas y subcontratistas, en el cual se establezcan las medidas que se llevarán a cabo en caso de derrames, para que así se actúen de manera organizada, inmediata e idónea.
El doctor Lanegra, indicó que, sin perjuicio de las sanciones que pudieran generarse tras los hechos ocurridos, las autoridades competentes deben exigir y supervisar la recuperación de crudo y la remediación de las áreas afectadas; así como procurar se compensen los daños que se podrían haber ocasionado.
FUENTE: Defensoría del Pueblo del Perú.