La Adjunta para los Derechos Humanos y las Personas con Discapacidad de la Defensoría del Pueblo, Gisella Vignolo, advirtió con preocupación que ninguna autoridad del Estado atienda los graves problemas que enfrenta el ciudadano colombiano Omar Penagos, absuelto por la justicia peruana, que solicitó su extradición a nuestro país, por el presunto delito contra la Salud Pública – Tráfico Ilícito de Drogas.
El señor Omar Penagos estuvo internado en el E.P. Miguel Castro Castro, desde noviembre del 2011. La Cuarta Sala Penal Liquidadora a cargo de su caso, resolvió el 31 de enero del 2012, el sobreseimiento del proceso al no encontrar responsabilidad penal y, ordenó su inmediata libertad. Dicha resolución no dispuso que el Estado peruano asumiera los costos del retorno del ciudadano colombiano a su país de origen.
Vignolo, informó que tan pronto se conoció el caso, la Defensoría del Pueblo se puso en contacto inmediato con el señor Penagos y su familia, quien expresó su indignación por el trato recibido por parte de las autoridades peruanas, desde el momento de su detención hasta su excarcelación. Cuestionó la resolución judicial por no haber dispuesto que el Estado peruano asuma el costo de su retorno a su país de origen.
Asimismo, la funcionaria señaló que el señor Penagos denunció que durante su revisión corporal en la carceleta del Instituto Nacional Penitenciario –INPE, se le quitaron las medias especiales que llevaba puestas –pese a que mostró la orden médica de su uso obligatorio-, debido a que sufre de trombosis crónica, lo que le impide caminar con normalidad. Dijo –además-, que desde su libertad ninguna autoridad se le acercó para interesarse por su caso, pese a encontrarse mal de salud.
De otro lado, el señor Penagos señaló que durante el tiempo que estuvo privado de libertad contó con el apoyo de su familia, su esposa y sus dos hijos de nacionalidad colombiana, quines tuvieron que trasladarse a Lima para ayudar en su defensa y brindarle soporte emocional durante su detención.
Al respecto, el doctor José Ávila, Jefe del Programa de Asuntos Penales y Penitenciarios, se entrevistó con el Cónsul de Colombia para solicitar el apoyo consular que permita la regularización de la situación migratoria del citado ciudadano y se le facilite el retorno a su país.
“En todo momento, el Consulado ha mostrado su disposición para la obtención de los documentos de identidad del señor Penagos, y a su vez, hemos coordinado con el Poder Judicial para que asuma el costo del traslado a su país de dicho ciudadano”, dijo el funcionario al tiempo de agregar que, “en este caso, siendo el Perú el país que solicitó su extradición y, luego de un proceso judicial decide la absolución de la persona extraditada, está en el deber de asumir los costos para el retorno a su país del ciudadano colombiano, y existe el compromiso de las autoridades de la Gerencia de Administración del Poder Judicial de evaluar y atender este caso con la mayor urgencia”.
Vignolo explicó que “el Acuerdo entre Perú y Colombia modificatorio del Convenio Bolivariano de Extradición firmado el 18 de julio de 1911 establece que el Estado requiriente, en este caso, el Perú, queda obligado de asumir todos los gastos derivados del pedido de extradición incluyendo los gastos posteriores, como el traslado. Aquí también debe entenderse que se asuman gastos tan urgentes como salud, alimentación y alojamiento, ninguno de los cuales ha sido atendido”.
De otro lado, señaló que, además, se ha solicitado al Director de la Dirección General de Migraciones y Naturalización – DIGEMIN, que evalúe la exoneración de la multa en la que han incurrido los hijos del señor Penagos al haberse excedido en su tiempo de permanencia en el Perú. “Evidentemente, esto obedeció a razones de fuerza mayor y por ello es factible la exoneración”, acotó al informar que se ha logrado que la esposa y los hijos del señor Penagos puedan viajar a Colombia en los próximos días.
“Este caso muestra afectaciones a los derechos fundamentales que el Estado peruano no debe dejar de atender: si una persona es absuelta en un proceso de extradición debe asegurarse de manera obligatoria su devolución a su país de origen así como la atención de sus necesidades urgentes, como garantía y protección a sus derechos; y mientras un inculpado se encuentra en la carceleta judicial, los procedimientos de revisión corporal deben ser respetuosos y no afectar la integridad de las personas detenidas”, puntualizó la funcionaria.
FUENTE: Defensoría del Pueblo de Perú