La Defensora del Pueblo, Beatriz Merino, reiteró hoy la necesidad de que se regule la Ley de Extranjería que carece de un reglamento desde 1991. De igual modo, señaló que aún se encuentra pendiente el reconocimiento de la competencia del Comité para la protección de los derechos de los trabajadores migratorios, así como la aprobación de los Convenios 97 y 143 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), referidos a los trabajadores migrantes y las migraciones en condiciones abusivas.
Fundamentó estas recomendaciones ante los parlamentarios integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de la República, que preside el Congresista Hildebrando Tapia. Asimismo, exhortó al Congreso a evaluar la ampliación de los alcances de la Ley N° 28182, referente a los incentivos migratorios para el retorno de nuestros connacionales.
Beatriz Merino recordó que el Estado debe prestar atención a cuatro aspectos básicos:
a) el establecimiento de un marco normativo e integral que garantice los derechos de los migrantes en todas las etapas del proceso migratorio;
b) el fortalecimiento de la institucionalidad del Estado (es decir, la estructuración de un sistema que articule a los diversos sectores y niveles de gobierno para facilitar la coordinación de la sociedad civil y la población migrante);
c) el fortalecimiento de la actuación de los consulados, especialmente de los programas de asistencia legal y humanitaria; y d) la promoción del cumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado en esta materia.
Con estos argumentos, la Defensora del Pueblo dio a conocer los resultados de la supervisión de la política migratoria que la Defensoría del Pueblo ha realizado en el marco de las recomendaciones formuladas en el Informe Defensorial Nº 146, “Migraciones y Derechos Humanos. Supervisión de las políticas de protección de los derechos de los peruanos migrantes”, publicado en noviembre del 2009.
Por otro lado, la doctora Merino destacó el impulso que se debe proporcionar a la Mesa Intersectorial para la Gestión Migratoria en el Perú –“un espacio inédito en cuyo acto fundacional hemos colaborado, que reúne a diversos sectores y entidades del Estado– destinado a atender, de manera intersectorial, a todos los aspectos del proceso migratorio”, aunque también recordó que todavía está pendiente la norma que aprueba su creación.
Asimismo, la Defensora del Pueblo saludó las acciones del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, que ha incorporado una dirección de migración laboral para articular las políticas del sector vinculadas al tema migratorio.
La doctora Merino señaló, además, que la Defensoría del Pueblo no ha querido ser ajena a los esfuerzos que realiza el Estado para contribuir a mejorar la política migratoria y, en especial, la situación de los migrantes. En esa medida, informó que esta institución elaboró la “Guía Básica para la Persona Migrante”, cartilla que contiene información indispensable para todos los peruanos que migran al exterior.
Más adelante señaló que ya existen convenios específicos con las Defensorías del Pueblo de Bolivia, Ecuador, Panamá y México, y dio cuenta del reciente convenio de cooperación suscrito con la Oficina Internacional de las Migraciones (OIM) para contribuir al fortalecimiento de las capacidades de los funcionarios del Estado respecto a la normativa andina relacionada con los derechos de los migrantes.
En otro pasaje de su intervención, Beatriz Merino sostuvo: “Hace poco, en mi condición de Presidenta de la Federación del Ombudsman (FIO), las Defensorías del Pueblo de la región impulsamos la creación de un Observatorio Continental para
contribuir a generar estadísticas precisas, el intercambio de experiencias y de buenas prácticas para combatir la migración irregular y la trata de personas”.
A propósito de este último tema, la Defensora del Pueblo subrayó que constituye una preocupación especial de su institución, así como un compromiso personal, luchar denodadamente para erradicar ese execrable flagelo que es la trata de personas, tanto en el ámbito nacional como en el internacional.
También informó que, además de participar en el Grupo Multisectorial de Trabajo contra la Trata de Personas, que preside el Ministerio del Interior, la Defensoría del Pueblo contribuye a la necesaria tarea de capacitación y sensibilización respecto de esta problemática, que afecta –en su gran mayoría– a niños, niñas, adolescentes y mujeres. Por otro lado, la institución se encuentra elaborando un estudio sobre la investigación y juzgamiento de estos casos.
Cabe recordar que, según datos difundidos por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), en el curso de los últimos 80 años, el Perú ha registrado un estimado de 3 millones 56 mil personas en condición de migrantes internacionales.
Precisó, además, que en el período comprendido entre los años 1990 y 2007 se ha observado una tendencia creciente y sostenida. “En los países de destino, los mayores problemas que enfrentan los peruanos migrantes abarcan desde la falta de acceso a servicios básicos, abusivas condiciones de empleo hasta muestras de discriminación y xenofobia, entre otros”, precisó Merino Lucero.
Finalmente, dijo que el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Migrantes, Jorge Bustamante, en su reciente Informe Anual del 2010, dio a conocer que la creciente ola de criminalización de los migrantes indocumentados por efecto de nuevas leyes –como la de Arizona– potencia la xenofobia.
FUENTE: Defensoría del Pueblo del Perú.