La Defensora del Pueblo, Beatriz Merino, y la Ministra de la Mujer, Nidia Vílchez, suscribieron ayer un convenio cooperación interinstitucional, con el propósito de desarrollar tareas de promoción, difusión y defensa de los derechos fundamentales de las mujeres, que permitan contribuir a la prevención de la violencia y el ejercicio de derecho a la igualdad.
La suscripción de dicho convenio se da en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y busca promover el intercambio de información, conocimientos y experiencias relacionadas a casos de violencia y discriminación contra la mujer, derivados del funcionamiento de ambas instituciones.
“En el Perú, al igual que en el resto del mundo, la violencia contra la mujer es sinónimo de muerte. Así lo demuestran las 93 víctimas de feminicidio, crimen que se comete contra las mujeres como la expresión extrema de la violencia basada en género, asesinadas entre enero y agosto del presente año”, señaló Beatriz Merino.
Agregó que se debe tomar en cuenta que la violencia contra la mujer afecta también a las personas de su entorno personal, a su comunidad y a la sociedad. Además señaló que, al margen de los costos en la salud y en la vida de la propia víctima, la herencia de violencia que se trasmite de generación en generación incrementa el caos y la violencia en la sociedad.
De otro lado, la Defensora del Pueblo dio a conocer los resultados de la supervisión que realizó su institución a los servicios de salud materna, planificación familiar y emergencia de 43 establecimientos de salud ubicados en Ayacucho, Cusco, La Libertad, Lima y Piura, para evaluar la atención que se brinda a las mujeres víctimas de violencia.
Esta labor permitió constatar que el 84.4% de los establecimientos de salud visitados no cuenta con un ambiente privado para la atención de las víctimas. Asimismo se comprobó que, durante el 2009, el 80% de los proveedores de salud no recibió capacitación respecto de la adecuada aplicación de la pesquisa para detectar los casos de violencia contra la mujer y asegurar su oportuno tratamiento en los servicios de salud.
Por otra parte se verificó que aproximadamente el 67% de los prestadores de salud considera que la violencia contra la mujer constituye un asunto de salud pública que se presenta en todos los estratos, razón por la cual el Estado lo debe considerar como un tema prioritario.
Por estas razones, la Defensora del Pueblo, Beatriz Merino, instó al Poder Ejecutivo, al Poder Legislativo, así como a los gobiernos regionales y locales, a adoptar y emprender las medidas y acciones necesarias para garantizar que las mujeres del país puedan ejercer sus derechos a la salud y a una vida libre de violencia.
Fuente: Tomado de la Defensoría del Pueblo del Perú.