Durante la reunión sostenida esta mañana con altas autoridades del Poder Ejecutivo, la Conferencia Episcopal, representantes del sector privado y presidentes de los Gobiernos Regionales, la Defensora del Pueblo, Beatriz Merino, reiteró sus observaciones sobre el contenido de los Decretos de Urgencia N° 001 y 002–2011. Asimismo, exhortó al Congreso de la República a ejercer facultades de control de la constitucionalidad, en vista de que mediante el análisis de los decretos de urgencia se concluye que éstos no responderían a una coyuntura adversa e imprevisible, requisito que ha sido señalado en reiteradas y uniformes sentencias del Tribunal Constitucional. Según sostuvo Beatriz Merino, a propósito del debate realizado, se desprende que es crucial armonizar la promoción de las inversiones económicas –que son necesarias para el país – con el deber estatal de respetar y promover los derechos fundamentales de las personas y de las comunidades, el cuidado ambiental y la prevención de los conflictos sociales. En el curso de la reunión, la Defensora del Pueblo subrayó la importancia del fortalecimiento del sistema nacional
de evaluación de impacto ambiental, a fin de que no se convierta en un mero requisito administrativo, “sino en un instrumento efectivo para la sostenibilidad, la prosperidad y la convivencia pacífica”. Asimismo, Beatriz Merino propuso tres medidas prioritarias: “Primero, implementar un mecanismo de coordinación formal y permanente entre el Gobierno Nacional y los Gobiernos Regionales, especialmente en materia de planificación y desarrollo”. En segundo lugar propuso “recurrir a la figura de pre publicación de las normas, a fin de dar oportunidad a las entidades del Estado y a los ciudadanos de expresar sus opiniones para perfeccionar las normas y generar consensos”. La tercera medida consiste en “considerar las implicancias sociales de las normas, previniendo las reacciones sociales que pudieran generar”. “Tengo la firme convicción de que las autoridades competentes sabrán adoptar las medidas que salvaguarden el derecho constitucional de gozar de un ambiente adecuado para la vida, así como que contribuyan a la construcción de una cultura de diálogo y de paz”, dijo finalmente Beatriz Merino. FUENTE: Defensoría del Pueblo de Perú.
