Pese a que han transcurrido cuatro años desde que entró en vigencia la Ley Nº 28983, Ley de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres (LIO), varios Gobiernos Regionales continúan sin tomar en cuenta –en la elaboración de sus presupuestos regionales– las diferencias sociales, económicas y culturales que enfrentan las mujeres, advirtió hoy la Defensora del Pueblo, Beatriz Merino.
Tras invocar estas razones, exhortó a dichas autoridades a destinar recursos presupuestales para disminuir las brechas que dificultan el desarrollo de las mujeres, sobre todo en los ámbitos de la violencia contra la mujer, la promoción de la educación de la mujer rural, la creación de mejores condiciones laborales para las mujeres y lel mejoramiento de la atención en salud materna.
La Defensora del Pueblo formuló estas apreciaciones en el curso de la presentación del “Cuarto Reporte Defensorial sobre la Ley de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres 2010”, elaborado por la Adjuntía para los Derechos de la Mujer.
Este informe es el resultado de una minuciosa supervisión de los presupuestos institucionales de 24 Gobiernos Regionales, la cual puso en evidencia los problemas
que registran las mujeres para acceder, entre otros, a los servicios de salud y educación, especialmente en el nivel secundario.
El documento revela que solo 15 Gobiernos Regionales cuentan con su respectivo Plan Regional de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres (PRIO), mientras que 10 aún carecen de dicho instrumento de gestión. Este es el caso de las
regiones de Tumbes, Cajamarca, San Martín, Huánuco, Lima, Callao, Huancavelica, Madre de Dios, Puno y Tacna, que todavía no cuentan con su respectivo PRIO.
Por otro lado, la doctora Merino señaló que, a pesar de que existe una directiva del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) que establece que la evaluación presupuestal debería realizarse con un enfoque de género, 17 Gobiernos Regionales no reportan este tipo de resultado. Por otro lado, señaló que las dificultades para la aprobación de proyectos vinculados a la igualdad de oportunidades no responden a la falta de recursos económicos, sino principalmente a la carencia de capacidades –o desinterés– en la gestión de proyectos de inversión pública con enfoque de género.
En ese sentido, la Defensora del Pueblo exhortó a los Gobiernos Regionales a asumir la responsabilidad de establecer en sus presupuestos institucionales los recursos necesarios para superar los principales problemas que encaran las mujeres en sus regiones. Además, solicitó al Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social (Mimdes), así como al MEF, monitorear y evaluar el referido proceso mediante lineamientos que permitan adoptar medidas correctivas para dar cumplimiento a la Ley N° 28983.
En razón de ello, explicó que el propósito del referido Reporte Anual es brindar información valiosa que contribuya al éxito de la gestión de los Gobiernos Regionales, considerando la problemática que caracteriza y diferencia a cada región, así como las necesidades y aspiraciones de las mujeres respecto a la erradicación del analfabetismo, la muerte materna, la violencia y las condiciones laborales indignas.
La doctora Merino sostuvo que el ejercicio de un buen gobierno implica no solo el cumplimiento de deberes y funciones, sino también el despliegue de los esfuerzos que sean necesarios para satisfacer las demandas e intereses legítimos de la población (en este caso, de las mujeres peruanas).
Finalmente, la Defensora del Pueblo añadió que “el crecimiento económico que afortunadamente se experimenta en nuestro país debe tener su correlato en el desarrollo humano de su población, y en especial de las mujeres del ámbito rural y en situación de pobreza que, en razón de estas características, requieren que los Presidentes Regionales orienten sus decisiones en la disminución de las brechas de
género”.
FUENTE: Defensoría del Pueblo del Perú.