Con relación a los hechos de violencia ocurridos los días 4 y 5 del mes en curso, en el distrito de Chala, provincia de Caravelí, Arequipa, y a propósito del lamentable saldo de seis personas muertas y más de una veintena de heridos, como Defensora del Pueblo, debo señalar lo siguiente:
1. Hace tres años sustenté ante el Congreso de la República el Informe Extraordinario “Los Conflictos socioambientales por actividades extractivas en el Perú”, recomendando un conjunto de medidas orientadas a mejorar la capacidad del Estado en la prevención de la conflictividad.
2. Asimismo, el 4 de mayo del 2007 se presentó ante el Grupo de Trabajo sobre Minería Artesanal, de la Comisión de Energía y Minas del Congreso de la República, un Reporte Especial sobre los conflictos relacionados con la minería informal, señalando la necesidad de atender con urgencia este problema y advirtiendo el posible incremento de los conflictos por efecto de la minería informal.
3. En mayo del 2009 se registró por primera vez en nuestro reporte mensual de conflictos sociales la controversia entre el Estado y los gremios que representan a estos sectores. Por ello, en junio del mismo año se exhortó a la Federación Nacional de Mineros Artesanales del Perú (Fenamarpe) a retomar el diálogo con el Poder Ejecutivo (Oficio Nº 134-2009-DP/AMASPPI).
4. En noviembre del año pasado, el Adjunto para el Medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos Indígenas expresó públicamente la postura institucional sobre la minería informal, señalando que lo que ocurre en Madre de Dios y en otros lugares del país no es solo un desastre ambiental, sino también una tragedia humana.
5. Por ello, en esta oportunidad reafirmamos, con toda claridad, que todas las actividades económicas se deben realizar siempre en armonía con el medio ambiente, salvaguardando los derechos fundamentales de las personas y respetando el marco legal vigente. Por lo tanto, la minería que se desarrolla sin respetar estos presupuestos no es admisible y debe ser rechazada abiertamente.
6. Por otro lado, expreso mis condolencias a los familiares de las seis personas que murieron, ante la irreparable pérdida de sus seres queridos. Nada justifica la muerte de peruanos en hechos que se pueden evitar. En lo que va de este año han fallecido 12 personas en diversos conflictos sociales (seis en Chala, cinco en Piura y una en el distrito de Cachachi, en Cajamarca). Además, en estos conflictos se han registrado, aproximadamente, 100 heridos.
7. Debo ser enérgica en recordar que el bloqueo de carreteras es un acto ilegal que pone en peligro la vida e integridad de miles de peruanos que se desplazan diariamente por las carreteras de nuestro país. Ello afecta, particularmente, a los más vulnerables, como son los niños, los adultos mayores, las mujeres embarazadas, así como las personas con discapacidad y enfermas.
8. Con el propósito de evitar más pérdidas de vidas humanas, la Defensoría del Pueblo INVOCA a los ciudadanos y ciudadanas involucrados en los hechos, con ocasión del paro de los mineros informales, a deponer su actitud de manera inmediata.
A su vez, EXHORTA a los miembros de la Policía Nacional del Perú a que, al emprender el restablecimiento del orden interno, respeten estrictamente los criterios de necesidad y proporcionalidad en el uso de la fuerza, establecidos por el Tribunal Constitucional (Sentencia Nº 2-2008-PI/TC).
9. Por otro lado, se informa a la opinión pública que en la zona de Chala se encuentran dos equipos designados por nuestra institución, encabezados por los Jefes de las Oficinas Defensoriales de Arequipa e Ica, doctores Manuel Amat y Teddy Panitz, respectivamente. Además, la Oficina Defensorial de Madre de Dios se encuentra realizando un seguimiento de los sucesos que se desarrollan en dicha ciudad.
10. Nuestra labor humanitaria en la localidad de Chala concierne a cuatro acciones urgentes: prestar la debida atención a las personas heridas, facilitar el paso de los vehículos de transporte público y de carga en la zona, colaborar con las autoridades para el restablecimiento del orden e indagar sobre la situación de las personas detenidas. De igual manera se está apoyando a los familiares de las personas fallecidas en los trámites correspondientes.
Por todo ello, en mi calidad de Defensora del Pueblo, quiero hacer un llamado a las partes involucradas a realizar todos los esfuerzos que sean necesarios para restablecer el diálogo y poner fin al ilegal bloqueo de las carreteras, en cumplimiento de las leyes y el respeto al derecho de los transportistas y viajeros. Así lo reclama la situación de miles de personas que se ven imposibilitadas de llegar a su destino.
Fuente: Tomado de la Defensoría del Pueblo de Perú