La Provincia Constitucional del Callao, como otras regiones del país, se ha visto afectada por altos niveles de violencia contra mujeres y niñas, en atención a ello, la Defensoría del Pueblo solicitó las medidas de protección que las víctimas requerían pero también, recomendó a la Presidencia de la Corte Superior de Justicia del Callao la implementación de la figura de acumulación de procesos, que consiste en tramitar conjuntamente todas las denuncias de una determinada denunciante, específicamente en aquellos casos donde la víctima y el agresor sean las mismas partes.
La jefa de la oficina de la Defensoría del Pueblo en el Callao, Delcy Heredia, explicó que la recomendación fue formulada tras verificar que en diversos casos de violencia contra las mujeres se obtuvieron las medidas de protección correspondientes y al registrarse nuevos hechos de maltrato por parte de los mismos agresores, los operadores de justicia han venido registrando nuevas denuncias en las que otorgaron nuevamente medidas de protección de naturaleza y características similares e incluso -en algunos casos- contradictorias, situación que genera que dichas medidas se tornen ineficaces e inejecutables, afectando su debida tramitación y la efectividad de las denuncias.
La Corte Superior de Justicia del Callao, mediante Pleno Jurisdiccional Distrital de Familia espacio donde jueces superiores y de familia exponen y debaten temas y propuestas previamente programadas, se abordó la problemática de la inefectividad de las medidas de protección y la propuesta de solución a través de la figura de acumulación de procesos de violencia contra la mujer, recomendados y sustentados de manera argumentativa por la Oficina Defensorial del Callao, llegando a la aprobación unánime por parte de los magistrados integrantes del pleno respecto de su implementación.
“La decisión tomada por la Corte de Justicia del Callao, a fines del año pasado, busca prevenir actos de violencia reiterativos que puedan terminar en un caso de feminicidio”, anotó la representante de la Defensoría del Pueblo, quien además propuso promover espacios de debate académicos que propicien el diálogo de los principales problemas relacionados al ejercicio de la función jurisdiccional en materia de violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar con la participación fundamental de los actores claves como son los jueces de familia de su jurisdicción, ello con el propósito de unificar criterios en la atención de dichos casos.
La Defensoría del Pueblo recuerda que el Estado peruano se encuentra adherido a los tratados internacionales que establecen la aplicación del principio de debida diligencia en casos de violencia, con el fin de asegurar que una adecuada y oportuna atención de los casos de violencia contra la mujer.
Nota de Prensa N° 031/OCII/DP/2019