- Cumbre de las Américas: Defensoría del Pueblo recomienda a mandatarios establecer regulaciones sobre relaciones y actuar de funcionarios públicos.
La lucha contra la corrupción será el tema vertebral de la Cumbre de las Américas que se realizará en nuestra capital los días 13 y 14 de abril. Los líderes de las naciones participantes tomarán acuerdos que permitirán combatir este flagelo que amenaza la estabilidad, el desarrollo y el orden democrático.
En ese escenario, la Defensoría del Pueblo considera fundamental que se considere un amplio debate sobre el conflicto de intereses, un problema de carácter ético que no ha sido abordado a profundidad y que debe ser discutido, preferentemente, desde el punto de vista legal.
El Programa de Ética Pública, Prevención de la Corrupción y políticas públicas de la Defensoría del Pueblo ha elaborado un cuadro comparativo sobre la normativa específica que tienen los países de la región frente al conflicto de intereses.
Algunos países regulan este comportamiento a través de medidas preventivas dentro de sus Códigos de Ética o normas generales, como Bolivia y Ecuador. Otros tienen, además, una ley específica para esta situación, como es el caso de Chile y Argentina que enmarcan directamente este tema en la lucha contra la corrupción.
En nuestro país, el ordenamiento jurídico no define con exactitud el conflicto de intereses, aunque se entiende como aquella situación que impide a una persona, con determinado poder de decisión, actuar con objetividad, y cuya conducta es influenciada por consideraciones personales. Nuestra Constitución Política establece diversas prohibiciones por este motivo. También se aborda en el Código de Ética de la Función Pública (Ley 27815) que establece un conjunto de principios, deberes y prohibiciones éticas para todos los funcionarios o servidores. Esto, a todas luces, resulta insuficiente.
El conflicto de intereses no es un tema exclusivo del sector público, pero es importante un enfoque en el ámbito de la administración pública, con la finalidad de regular la transparencia en el actuar de los funcionarios y servidores públicos. Esto permitiría que delimiten sus fines privados frente al cargo que ostentan.
La Cumbre de las Américas es una oportunidad inmejorable para abordar este tema. La Defensoría del Pueblo continuará con su labor para apoyar las iniciativas públicas y privadas orientadas a combatir la corrupción que atenta contra los derechos fundamentales de millones de peruanos y peruanas.
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