Con el objetivo de contribuir a la inclusión social de la población más vulnerable del país, la Defensoría del Pueblo contará con el apoyo de la Unión Europea (UE) para desarrollar un proyecto que busca favorecer el ejercicio de la ciudadanía a partir de la protección y promoción del derecho a la identidad, mediante diversas acciones, como la entrega de documentos de identidad.
Según informó la Directora Nacional del Proyecto Inclusión Social: Identidad y Ciudadanía, Susana Silva Hasembank, el objetivo es lograr que las autoridades y funcionarios públicos de las instituciones del Estado, responsables de garantizar el derecho a la identidad, diseñen e implementen políticas públicas que faciliten el acceso a la documentación y brinden una atención especial a la población que vive en una situación de pobreza y exclusión.
Indicó que se trata de un trabajo conjunto que será realizado por la Defensoría del Pueblo y el Registro Nacional de Identidad y Estado Civil (RENIEC) en los distritos calificados como de muy alta necesidad en los departamentos de Apurímac, Ayacucho, Amazonas, Ancash, Arequipa, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Lambayeque, Loreto, Madre de Dios, Piura, Puno y Ucayali.
Explicó que para el desarrollo de este trabajo, cuya ejecución durará dos años, se convocará la participación activa de las municipalidades de dichas jurisdicciones, así como de las direcciones regionales de salud y educación.
“Una vez superados los obstáculos al circuito de la documentación en el marco del Proyecto propuesto, la vigencia del derecho a la identidad permitirá a las poblaciones más vulnerables el ejercicio de su ciudadanía mediante el acceso al derecho a la salud, la educación, la participación y el control ciudadano, así como a programas sociales”, subrayó Silva Hasembank.
Con relación a los grupos poblacionales más afectados por no contar con documentos de identidad, la representante de la Defensoría del Pueblo, sostuvo que uno de los objetivos del proyecto es incorporar la perspectiva de género e interculturalidad en las políticas de documentación personal, ya que se sabe que la problemática de la indocumentación afecta más a mujeres y niñas; así como a los pueblos indígenas.
En necesario recordar que, desde 1997, en alianza con el Reniec, la Defensoría del Pueblo está implementando campañas de documentación dirigidas a la población más vulnerable del país. La experiencia ha demostrado que la documentación es solo un primer paso para lograr el ejercicio de ciudadanía, pero no es el único.
“A pesar de todas las acciones realizadas, la realidad nos ha mostrado que la documentación por sí sola no garantiza el ejercicio de derechos ciudadanos, debido a que no se debe entender a la ciudadanía simplemente como un status legal definido por un conjunto de derechos y deberes. Es imprescindible que tales derechos y deberes sean efectivos”, dijo, finalmente, la doctora Silva Hasembank.
FUENTE: Defensoría del Pueblo del Perú