El Defensor del Pueblo en funciones, Eduardo Vega, comprobó esta mañana los importantes avances registrados en el mejoramiento integral del Centro de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima (Maranguita), que alberga a 756 adolescentes varones y, en Santa Margarita (mujeres), que cuenta con 50 adolescentes mujeres. «Advierto más orden y una infraestructura más decente y humana», acotó el funcionario.
Acompañado de la Adjunta para los Derechos Humanos y las Personas con Discapacidad, Gisella Vignolo y José Ávila, Jefe del Programa de Asuntos Penales y Penitenciarios, Vega visitó esta mañana, los centros juveniles de Lima, con la finalidad de verificar las condiciones de internamiento de los adolescentes infractores, en el marco de su labor de supervisión.
En la reunión sostenida con las autoridades de la Gerencia de Centros Juveniles, encabezada por la doctora Janet Luna, se pudo conocer en detalle los proyectos de mejoramiento de la infraestructura física que se vienen implementando en ambos centros juveniles. «Varios ambientes han sido remodelados, se ha incrementado el personal y la atención médica para los jóvenes», señaló Vega.
Por su parte, Gisella Vignolo señaló que el Centro Juvenil de Santa Margarita cuenta con un wawawasi, donde se cuidan a los hijos de las adolescentes (actualmente hay 7), además, se ha implementado un ambiente con teleconferencia, para facilitar las audiencias judiciales en los casos de las jóvenes que provienen del interior del país.
Cabe recordar que en enero del 2011, la Defensoría del Pueblo elaboró un informe que señaló algunas deficiencias, formulando diversas recomendaciones a la Presidencia del Poder Judicial, las mismas que han sido atendidas conforme se verificó en la visita realizada.
No obstante el esfuerzo que realiza el Poder Judicial para dotarle de eficacia a los Programas de Tratamiento de los adolescentes a través del trabajo y la educación, el Defensor del Pueblo señaló que: «es necesario mejorar la calidad y la oferta de los programas de capacitación técnica – laboral y la educación, para ello, invoco a los Ministerios de Trabajo, de la Mujer y Educación, extender sus programas a estos centros para que los jóvenes puedan reinsertarse eficazmente, en el mercado laboral, en la comunidad y en el seno familiar».
Finalmente, el funcionario invocó el compromiso de otros sectores del Estado y de la sociedad civil para apoyar la labor del Poder Judicial a favor de los centros juveniles. Si bien existen interesantes avances todavía hay tareas pendientes en la agenda pública, debiéndose privilegiar -en el tratamiento de estos jóvenes-, el componente «educativo» y «reformador» sobre el enfoque punitivo.
FUENTE: Defensoría del Pueblo de Perú