PERÚ: Ante la muerte de un menor de edad y de varios heridos recomiendan atender conflicto en provincia de Oyón

El Jefe de la Oficina Defensorial de Lima Norte, Fabián Tutaya, formuló un llamado a las autoridades y a la población de Oyón para restablecer el orden público en la zona y evitar el registro de nuevos hechos de violencia que, hasta el momento, ha costado la vida a Brando Urbano Castillo, 16 años, y ha provocado heridas en otras personas, como Juan Samaro Ugarte (51) y Franklin Josué Osorio Melgarejo (24), entre otros.

“Ambos acontecimientos deben ser investigados por el Ministerio Público”, sostuvo el representante de la Defensoría del Pueblo, quien solicitó el cese de los enfrentamientos en la zona, originado por el desalojo de la carretera que un sector de la población de Oyón había bloqueado en la zona de Uchuchahua.

Como se sabe, desde el cuatro de abril del año en curso, la carretera a Oyón se encontraba bloqueada como medida de protesta contra la Compañía minera Buenaventura. Los comuneros de la zona consideran que la empresa ha incumplido los compromisos asumidos en el año 2006, referidos –principalmente– a la inversión en proyectos de agua y desague para la comunidad.

Tutaya –que visitó Huaura la mañana hoy– señaló que es de suma importancia la intervención del Ministerio Público para que se esclarezcan las circunstancias en las que fueron heridas otras personas. En ese sentido, la Defensoría del Pueblo reiteró su invocación a los dirigentes y pobladores de Oyón, a buscar alternativas de que se evite protagonizar nuevos hechos de violencia. Recordó que el bloqueo de carreteras y los daños a la propiedad pública y privada son delitos que desvirtúan la legitimidad de la protesta y del ejercicio de los derechos de reunión y de expresión.

La Defensoría del Pueblo invocó a los actores sociales involucrados en este conflicto a establecer canales de entendimiento, en los que es fundamental la participación de las autoridades del Poder Ejecutivo para el cumplimiento de los acuerdos entre la
empresa minera y la comunidad de Oyón.

FUENTE: Defensoría del Pueblo del Perú.