La Defensoría del Pueblo presentó el informe “Tratamiento Penal del Tráfico Ilícito de Migrantes en el Perú: avances, desafíos y retos”, documento que pone en evidencia las dificultades que enfrentan los operadores de justicia para evaluar la real dimensión de este delito y, además, advierte, que las políticas migratorias restrictivas pueden incrementar la actividad de “los coyotes” o redes criminales de tráfico de personas.
En ese sentido, recomendó a la Policía Nacional del Perú (PNP), al Ministerio Público y al Poder Judicial adoptar acciones conjuntas para prevenir, investigar y sancionar de forma efectiva a los responsables, así como para proteger a las personas víctimas de esta situación.
En la investigación, se analizaron los casos de 858 personas objeto de tráfico, en su mayoría hombres haitianos o senegaleses; y a 253 personas investigadas o condenadas, hombres peruanos que en su mayoría eran choferes. Tumbes es la región con una mayor incidencia de este delito. Le siguen Lima Centro, Callao, Madre de Dios, Tacna, Piura, Cajamarca y Puno.
Se detectó que en la mayoría de investigaciones fiscales no se considera como hipótesis la existencia de organizaciones criminales transnacionales. Además, se hallaron deficiencias en el tratamiento de las personas migrantes objeto de tráfico (falta de intérpretes para las declaraciones y de requerimiento de participación de las UDAVIT) y una débil sustentación, en las resoluciones judiciales, para establecer la valoración del daño y determinar una reparación civil justa.
De acuerdo con el Adjunto para los Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo, Percy Castillo, las deficiencias encontradas en la investigación pueden acentuarse ante el flujo actual de ciudadanos venezolanos.
Castillo refirió que si bien el Estado peruano es soberano para fijar políticas migratorias de ingreso al país, debe proteger a las personas y reducir el riesgo que para ellas suponen las organizaciones que se dedican al tráfico ilícito de migrantes. Ante tal posibilidad, urge articular el trabajo del Ministerio Público y de la Policía Nacional, así como de otras entidades del Estado.
La investigación fue posible gracias al apoyo de la Organización Internacional para las Migraciones de Naciones Unidas – Misión en el Perú.
Nota de Prensa N° 199/OCII/DP/2019