La Defensoría del Pueblo, atendiendo las facultades que la Constitución y la Ley nos otorga, realiza visitas permanentes en los centros penitenciarios, a través de la Oficina de Supervisión de los Derechos Humanos de las Personas Privadas de Libertad. En nuestras visitas, hemos constatado una serie de irregularidades o actos que atentan contra los derechos humanos de los privados y privadas de libertad y de los funcionarios que prestan servicio en los centros penales.
Muchas de las situaciones detectadas, se han puesto en conocimiento de las autoridades competentes; no obstante, al observar que varias aún persisten, consideramos oportuno reiterarlas, con miras a que sean incluidas como agenda de estado.
I. Ministerio de Gobierno y Dirección General del Sistema Penitenciario.
· Instamos al Estado Panameño a cumplir con toda la normativa Internacional y Nacional sobre derechos humanos, en especial a las contenidas en los artículos 62 y s.s. de la Ley No. 55 de 30 de julio de 2003 que Reorganiza el Sistema Penitenciario y lo consignado en los artículos 282 y s.s. del Decreto Ejecutivo No. 393 de 25 de julio de 2005 «Que Reglamenta el Sistema Penitenciario Panameño», sobre el Derecho a la Salud de las personas privadas de libertad.
· Recomendamos diligenciar y priorizar las conmutaciones de pena por estudios o actividades laborales no remuneradas, a fin que obtengan la libertad oportunamente, atendiendo lo dispuesto en el artículo 57 y 58 del Código Penal, ya que habitualmente se retrasan por varios meses, afectado la libertad corporal de las privadas y privados de libertad.
· Reforzar el personal técnico que labora en el Complejo Penitenciario La Joya, para la atención de 2,949 personas condenas, ya que la carencia de personal técnico retrasa las evaluaciones para las clasificaciones, libertades condicionales, conmutaciones de penas, permisos especiales, traslados, entre otros. De acuerdo a las estadísticas del Ministerio de Gobierno, al mes de marzo 7,277 personas se encuentran en proceso.
· Supervisar y revisar el contrato efectuado entre la Empresa Alimentando Panama, S. A. y el Ministerio de Gobierno, ya que existen muchas quejas tanto de las personas privadas de libertad como del personal administrativo por la calidad de alimentos que suministran.
· Supervisar los denominados «Paquitos» o kioscos del Complejo Penal La Joya, donde los propietarios o administradores están abusando de los precios siendo excesivamente altos, sin la supervisión o seguimiento de ninguna autoridad. Además, es contradictorio que tengan a la venta productos que el Sistema Penitenciario tiene prohibido a los familiares ingresar al penal.
· Instar a los Directores del Complejo Penitenciario La Joya, que eviten mantener a privados de libertad de alto perfil en áreas inadecuadas, obligándolos a dormir a la intemperie, exponiéndolos al público y poniendo en peligro la seguridad e integridad de terceras personas.
· Tomar medidas apremiantes para solucionar el problema de desbordamiento de aguas servidas que presenta el Centro Femenino de Rehabilitación lo que genera proliferación de epidemias y enfermedades infectocontagiosas.
· Implementar medidas que coadyuven a disminuir el hacinamiento como: proyectos de libertades condicionales, tramitar y otorgar las conmutaciones de pena oportunamente, otorgar depósitos domiciliarios a las personas con enfermedades crónicas siempre que se cumplan con los requisitos que la ley penitenciaria establece para tal fin.
· Cumplir con las medidas sanitarias para la recolección y disposición de residuos sólidos y proveer a las personas que realizan esta labor de los instrumentos apropiados para la manipulación de dichos residuos.
· Diseñar y poner en ejecución programas de tratamientos para las personas privadas de libertad que revelan adicciones a las drogas y brindar el seguimiento apropiado.
· Destinar un transporte para el traslado de los funcionarios que laboran en el Complejo Penitenciario La Joya, quienes llegan tarde a sus puestos de trabajos por no contar con este medio. Somos testigos de las penurias que padecen al tener que esperar por varias horas en el área de Control 1, un vehículo que los traslade hasta el penal.
· Recomendamos asignar un funcionario del Sistema Penitenciario que se encargue de la atención médica de los privados de libertad del Complejo Penal La Joya, ya que actualmente esta labor está a cargo de los denominados «Pastores», quienes muchas veces por conflictos internos, impiden que las personas verdaderamente enfermas sean llevados a la clínica.
· Contemplar dentro del presupuesto del Sistema Penitenciario partidas destinadas al mejoramiento de las estructuras penitenciarias existentes y a la creación o implementación de verdaderos programas de reinserción y rehabilitación del privado o privada de libertad.
II. Ministerio de Salud y Dirección General del Sistema Penitenciario
· Instamos al Ministerio de Salud, nombrar o asignar médicos para que laboren en los centros penitenciarios, a fin que responda a la demanda de atención médica de las personas privadas de libertad y el abastecimiento de las clínicas, con miras a cumplir con sus necesidades.
· Realizar una evaluación que determine los niveles de incidencia de enfermedades infectocontagiosas como el VIH/SIDA, tuberculosis, de transmisión sexual, hipertensión, diabéticas, infecciones de la piel, entre otras, las cuales se pueden convertir en peligrosas epidemias que afectaría a la población penitenciara, sus familiares y funcionarios al servicio del Sistema Penitenciario.
· Dar seguimiento al cumplimiento de las normas sanitarias de alimentación a la Empresa Alimentando Panamá, S. A., y las cocinas de los centros penitenciarios donde se preparan los alimentos para las personas privadas de libertad.
· Procurar una alimentación balanceada, nutritiva y bien servida, con instrumentos adecuados para su traslado a los pabellones y su manipulación.
· Realizar fumigaciones permanentes en los centros penitenciarios, evitando la proliferación de mosquitos, insectos y roedores, que representan un peligro para la salud de los privados y privadas de libertad.
· Dar seguimiento a la condición de salud de las personas afectadas con el VIH/SIDA que incluya tratamiento antirretroviral, a fin de mejorar la calidad de vida.
· Facilitar la atención integral en el Instituto de Salud Mental, a las personas privadas de libertad con enfermedades mentales, garantizando el respeto de sus derechos humanos y su dignidad como persona.
III. Policía Nacional
· Exhortamos al Director General de la Policía Nacional, reforzar al personal policial que brindan servicio en los centros penitenciarios, a fin que no se pierdan las diligencias judiciales y médicas, situaciones que vulneran el Derecho al Debido Proceso y a la Salud de los privados y privadas de libertad.
· Implementar el uso de equipos electrónicos para la revisión de personas que ingresen al penal y en caso que exista evidencia suficiente para presumir que una persona porta algún tipo de objeto prohibido, sólo el personal médico del Ministerio de Salud, debe realizar un examen bajo estricto apego a los lineamientos establecidos para este tipo de revisiones y estrictas condiciones de higiene, con los instrumentos adecuados.
· Instar al personal policial que labora en los centros penitenciarios, que eviten obligar a las personas visitantes a desnudarse o a realizar actos que vulneren su dignidad e integridad, con el pretexto de detectar objetos prohibidos en sus partes íntimas.
· Exigir al personal policial que labora en los centros penitenciarios, prescindir del uso de vocabulario vejatorio y humillante en contra de los familiares de los privados y privadas de libertad.
IV. Ministerio de Relaciones Exteriores
· Exhortamos al cumplimiento de los tratados bilaterales y multilaterales firmados por el Estado que versan sobre el traslado de personas condenadas hacia sus países de origen, lo que reducirá el hacinamiento.
FUENTE: Defensoría del Pueblo de la República de Panamá