En Panamá persiste el problema de la impunidad frente a hechos de discriminación racial, y por ello hacemos un llamado para la adopción de una «legislación penal específica» dirigida a la eliminación de todas las formas de discriminación racial en nuestro país.
Con preocupación y desagrado, la Defensoría del Pueblo de Panamá ha tenido conocimiento de un posible acto de discriminación racial en una escuela, según lo reportado por un diario local, el pasado lunes 2 de abril del año en curso.
De acuerdo con la información divulgada por el medio impreso, la coordinadora de disciplina de un centro educativo público dijo a una madre de familia que esa institución no aceptaría alumnas con «trencitas» en el cabello, por lo que la madre de la niña afectada, decidió quitarle el mencionado estilo de peinado.
De acuerdo con la versión del diario, el Ministerio de Educación (Meduca) explicó que no existe una normativa explícita que regule el estilo de cabello que los alumnos pueden llevar y que cada escuela, a través de su reglamento interno, decide lo apropiado. Añade la nota periodística que directora nacional de Educación Marisín Chanis alegó que «en estos casos no manda el director de la escuela sino la comisión de disciplina de cada institución», pero agregó que no se oponen «a las trenzas siempre y cuando no tengan cabello postizo ni teñido. Es más, la niña de cabello liso que se quiera hacer trenzas, se las puede hacer también».
Fundamentada en el artículo 24 de la Ley que rige la Defensoría del Pueblo, optamos por intervenir de oficio, a fin de investigar la denuncia indicada. No obstante, debido a que la información periodística no especifica la identidad de las víctimas de esta denunciada discriminación, aún proseguimos los esfuerzos para localizarlas a fin de impulsar el proceso conociendo de primera mano los hechos para adoptar las medidas pertinentes.
Como sabemos, el Estado panameño es signatario de una pluralidad de pactos internacionales que protegen los derechos humanos, varios de los cuales obligan a la adopción de medidas específicas contra la discriminación racial. En función de tales acuerdos internacionales el Estado se ha comprometido a adoptar medidas específicas contra la discriminación, por lo que hacemos un llamado a las autoridades para que aunemos esfuerzos para desarrollar las políticas y los programas públicos destinados a promover la inclusión de los afropanameños en todos los aspectos de la vida de Panamá, así como adoptar medidas normativas e institucionales concretas, y prácticas para garantizar los derechos de los afropanameños.
Pero uno de los aspectos que deseamos resaltar desde la Defensoría del Pueblo, es la necesidad de trabajar con mayor ahínco a fin de terminar con la impunidad de los casos de discriminación racial que se continúan dando desde distintos estamentos de nuestra sociedad. El Estado panameño se comprometió ante el Examen Periódico Universal, a proseguir los esfuerzos para «luchar contra la impunidad y las violaciones de los derechos humanos, prestando especial atención a los derechos de las poblaciones indígenas y los afrodescendientes»
Una de las medidas que estamos impulsando para el propósito enunciado buscando la eliminación de la discriminación contra los afrodescendientes, será la adopción de una «legislación penal específica» que vaya acorde con el artículo 4 de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial.
FUENTE: Defensoría del Pueblo de Panamá